Contraloría destapa nuevos hechos de presunta corrupción en el ICBF

Crece la preocupación en torno a la atención de niños, niñas y adolescentes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Contraloría General destapó un nuevo escándalo en la entidad por los programas que tiene en varios departamentos.Esto, después de que la Contraloría terminara una auditoría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la que se concluyó que hay incumplimiento y deficiencias al interior de la entidad.Uno de los temas que más preocupa a la Contraloría tiene que ver con inconsistencias en las bases de datos de programas ‘Reporte, cuéntame 2021 y 2022’ en la sede del ICBF en el departamento del Chocó. Allí se encontró presuntos beneficiarios, que incluían menores de edad, que aparecían ante la Registraduría como muertos. Los recursos que presuntamente se habrían perdido ascienden a 6.611 millones de pesos.“La situación encontrada en la regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o herramienta ‘Cuéntame’ con que dispone el ICBF como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención”, aseguró el ente de control.En total, los hallazgos fiscales en esa sede regional del ICBF suman $7.016 millones de pesos que incluyen “constitución de cuentas maestras y cobro de gravamen a los movimientos financieros”.También, la lupa está puesta en la situación de la sede del ICBF en el departamento del Amazonas, donde la Contraloría abrió una indagación preliminar por cuatro hallazgos relacionados con la actualización de base de datos de entrega de Unidades de Servicio (UDS).Una situación similar se presenta en el departamento del Vichada, donde se dieron tres hallazgos que tienen que ver con una base de datos que contiene información relacionada a entregas de raciones a personas fallecidas, que no están en las listas del ICBF o que suplantaron la identidad.Entretanto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, haciendo referencia a la situación de la Guajira, aseguró que la entidad que dirige “llamó la atención por la ineficacia e ineficiente gestión del Estado colombiano para salvaguardar la vida de los grupos étnicos”.“A julio de 2022 la Contraloría General de la República ha logrado evidenciar que se presentan un avance de promedio apenas del 48 %, lo que denota un incumplimiento generalizado en las metas y refleja un bajo desempeño del Gobierno en la atención que requiere esta población”.“Para realizar esta auditoría, la Contraloría evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF por $1.100.871.557.980, donde se verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos y la efectividad de la supervisión”, se lee en el comunicado.