La víctima terminó una relación marcada por la violencia física, el intento de abuso sexual y el acoso sistemático, a pesar de que presentó múltiples denuncias ante la Fiscalía, estas fueron archivadas.
Incluso cuando las amenazas escalaron a varios mensajes intimidatorios por parte de su expareja sentimental.
La Corte fue enfática en señalar que la violencia contra las mujeres no comienza con la agresión física, sino con amenazas, hostigamientos y llamados de auxilio ignorados, además, la mujer que fue víctima de violencia acudió 6 veces a la Fiscalía y comisarías del sector donde vivía y no recibió la atención requerida para este tipo de casos.
El alto tribunal ordenó a la Fiscalía actuar de manera urgente para reabrir la investigación, evaluar con rigor el nivel de riesgo y tomar medidas de protección efectivas tanto para Cristina como para su familia.
Además, la Secretaría Distrital de la Mujer deberá brindar acompañamiento psicosocial, mientras que la Fiscalía está obligada a visibilizar explícitamente el contexto de violencia de género durante todo el proceso penal.
La decisión pone en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial colombiano frente a la prevención del feminicidio. La Corte llamó a redoblar esfuerzos institucionales para cumplir con la debida diligencia y proteger la vida de las mujeres amenazadas.
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