Organizaciones sociales en Santander y el nororiente colombiano alzaron su voz para denunciar la falta de respuestas por parte de la Fiscalía General de la Nación frente a las investigaciones por desaparición forzada, en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, este miércoles 9 de abril.
Aura María Díaz Hernández, vicepresidenta de la Asociación Guardianes de la Memoria, afirmó que pese al trabajo incansable que adelantan las familias de desaparecidos en búsqueda de justicia, los casos no avanzan.
“Estamos trabajando en pro de la búsqueda y ubicación, pero lamentablemente, las investigaciones no avanzan. La Fiscalía no responde, casi que no recibe las denuncias porque le tiran la pelota a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que no tiene funciones de investigación”, denunció.
La lideresa también cuestionó el escaso compromiso institucional con las medidas de reparación simbólica.
“Hoy debieran todas las instituciones del Estado rendir homenaje a las víctimas, como lo contempla la Ley 1448, pero muchas entidades han ‘escurrido el bulto’, dicen que no tienen recursos, y sabemos que no se necesita plata, sino voluntad política. Y eso es lo que no hay”, señaló Díaz Hernández.
Según cifras de la Unidad de Búsqueda, en Santander hay cerca de 5.000 solicitudes de búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, para las familias, el enfoque no puede ser solo estadístico.
“Nosotros no trabajamos con números ni con metas. Para nosotros cada desaparecido es un hijo, una hija, una vida que no era para la guerra. No aceptamos que se conviertan en cifras. Exigimos que se les mire como lo que realmente son: nuestros seres amados”, expresó Díaz Hernández.
Rossi Roa, directora de la fundación Desaparecidos Colombia: Huellas de Cristal, también denunció las limitaciones de la legislación vigente para reconocer a todas las víctimas del conflicto.
“La ley deja por fuera a muchas víctimas. Por ejemplo, las que vienen desde 1948, como mis abuelos, asesinados y desaparecidos entre 1948 y 1951. A dos niñas pequeñas, las dejaron abandonadas de noche en el campo. Así como mi mamá hay muchísimos casos en San Vicente de Chucurí, en Carmen de Chucurí y en lugares como Carmen de Galán, en Floridablanca, donde ocurrieron estos hechos y nadie ha respondido”, relató.
Roa indicó que su fundación solo tiene siete registros activos, pero que representan una fracción mínima de la magnitud real. “Muchos tiran la toalla porque no los ampara la ley, pero yo no, yo sigo porque no pedimos reparación, solo queremos saber de dónde venimos, quiénes somos y si tenemos familia. Eso es lo único que nos importa”.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente al Estado colombiano para que cumpla con su deber de garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de desaparición forzada, y que se reconozca su lucha más allá de las fechas conmemorativas.
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