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Uno de los argumentos que tuvo la Fiscalía General de la Nación para declarar de lesa humanidad el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, fue que este se ejecutó en el marco de un “plan criminal y sistemático” del narcotráfico para sacar del camino a dirigentes políticos y ciudadanos que eran considerados un estorbo para esas organizaciones.
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Así se desprende de la providencia en la cual el ente acusador declaró el magnicidio del dirigente conservador como de lesa humanidad.
“(El asesinato) se encuentra inscrito en un plan criminal ejecutado dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, orquestado por los narcotraficantes de turno – Cartel del Norte del Valle -, por lo que en razón al carácter inalienable de los derechos conculcados, la gravedad del hecho, el derecho de las víctimas, y la obligación del Estado de investigar y juzgar a los responsables por crímenes que trasciendan el concierto Nacional y en cumplimiento de la prevalencia de los Tratados Internaciones, la presente acción penal se hace imprescriptible”, sostiene.
Añade que el asesinato fue uno más de la larga lista de figuras públicas que cayeron bajo las balas del narcotráfico por haber tenido la valentía de enfrentarlos y retarlos a que permitieran construir un país moral y ético.
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