El apagón en Vichada es, para Andesco, una crónica de una muerte anunciada. Cuatro días antes del apagón, el 30 de diciembre, el gremio le había enviado una nueva alerta al ministro de Hacienda, Diego Guevara, sobre la crisis financiera en el sector, advirtiendo además sobre el riesgo de que algunas empresas dejaran de operar.
“Reiteramos la urgencia de llevar a cabo las siguientes acciones: desembolsar cuanto antes los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación”, indica el documento conocido por Blu Radio.
Según Andesco, el Gobierno debe a las empresas del sector más de 2,7 billones de pesos en subsidios a la factura de los estratos 1, 2 y 3. A esas deudas se suma el ‘hueco’ de la opción tarifaria, un déficit que el gobierno había prometido asumir en mayo pasado.
En la carta a Guevara, Andesco relata cómo el no pago “ha generado grandes dificultades para que estas [empresas] puedan pagar a sus empleados, proveedores y demás acreedores, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural”.
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Por eso, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, cree que el apagón de Vichada puede ser apenas el inicio de una crisis colosal si no se actúa rápidamente.
“Esto fue el 30 de diciembre, donde decíamos que no solamente era aquí en Puerto Carreño. También está en el Chocó, en el Huila, en el Putumayo, en todos estos sectores, y además en otros muchos importantes del país, donde el problema financiero se está convirtiendo en algo crítico. Son muchos recursos que no se han entregado; esto no es un favor, son subsidios ya entregados a los usuarios, y, en este momento, las empresas han quedado ilíquidas porque no pueden obtener mayores créditos ni recursos”, agregó Sánchez.
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