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Después de varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre seis bienes ubicados en Neiva, Huila.
Esto se da luego de la captura en julio de 2020 de 7 personas integrantes de una banda delincuencial dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras o en condición de vulnerabilidad.
“Estos bienes habrían sido destinados para que actividades de explotación sexual de mujeres con fines comerciales, muchas de ellas eran menores de edad extranjeras o en condición de vulnerabilidad”, indicó la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra.
De acuerdo con las investigaciones, una vez llegaban a la capital del Huila, las víctimas eran llevadas inicialmente a una de las tres viviendas donde eran retenidas, controladas y vigiladas.
Posteriormente eran trasladadas hasta los establecimientos de comercio donde eran explotadas sexualmente y obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores.
“Entre los activos afectados hay tres son bares en los cuales las víctimas, al parecer, eran sometidas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores”, señaló Donado Sierra.
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Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban a las víctimas, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva.
Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales.
“En la investigación se conoció que la mayoría de las jóvenes supuestamente fueron engañadas con falsos ofrecimientos laborales como meseras, también se videncia que al parecer eran controladas y vigiladas en dichos lugares por integrantes de la red criminal para evitar que estás huyeran”, puntualizó Donado Sierra.
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Por estos hechos, ya son procesadas siete personas quienes fueron capturadas en julio de 2020 en Neiva, Tibú y Barrancabermeja, como presuntos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.
Los bienes, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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