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Este martes se conoció el informe anual que hace la Alta Comisionada de la ONU, en el que reveló que el año pasado se registraron 133 casos de homicidios a personas defensoras de Derechos Humanos, de los cuales, a corte de 22 de febrero, se verificaron 90 casos. No se pudo verificar 18 y se continúan verificando 25 casos adicionales.
De acuerdo con la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero, “esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina y, por lo tanto, constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo".
"Estos casos nos permiten evidenciar tendencias y poder hacer recomendaciones constructivas al Estado colombiano en materia de protección. Otras cifras muestran una tendencia al aumento”, dijo.
Los asesinatos ocurrieron “en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente. El 81% de los casos se registraron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; 82% en zonas rurales; 93% en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional", señaló el informe.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (Unmvc) verificó, por su parte, el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
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En las misiones realizadas por la oficina se “observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación”, pronunció de Rivera.
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