El Gobierno presentó el reporte anual sobre asesinatos de líderes sociales: la cifra es de 66 homicidios confirmados en 2020, que contrasta con la de la Defensoría del Pueblo, que aseguró que fueron 182 defensores de derechos humanos los asesinados el año pasado. Indepaz dice que el Gobierno está tomando cifras parciales, de cobertura mínima, lo cual afecta la configuración de las políticas para enfrentar este fenómeno.
El Gobierno reporta 66 asesinatos de líderes sociales en 2020 y otros 63 casos en proceso de verificación, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En total, durante el Gobierno del presidente Duque. el reporte de esta oficina es de 209 defensores de derechos humanos asesinados.
La alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la pandemia ha dificultado el registro de los 63 casos pendientes y que “los departamentos con mayor número de casos de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2020 son Cauca, con 15 casos; Norte de Santander, con 9 casos, Chocó y Putumayo, con 8 casos cada uno”.
El reporte de la Defensoría del Pueblo, dado a conocer el pasado 19 de febrero, establece una diferencia de 116 asesinatos frente a lo registrado por el Gobierno: “en el año 2020, la entidad registró 979 conductas en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, 7 secuestros, 51 atentados, 5 retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, 2 desapariciones forzadas, 2 imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos”.
Camilo González Posso, director de Indepaz, aseguró que el Gobierno está tomando unas cifras parciales de cobertura mínima y que esto lo que hace es afectar la definición de una política pública efectiva para enfrentar estos asesinatos porque no se dimensiona correctamente ni se llega a todos los territorios afectados.
“El problema de esa minimización es que desorienta la acción del Estado, la acción preventiva de contención de las violencias de acción judicial. Es una mala costumbre de tergiversar cifras porque eso lo que hace es banalizar la situación y de esa manera las políticas van a ser erradas porque se minimiza el número de municipios, la gravedad de las situaciones en muchas regiones y por lo tanto la política integral del Estado no se nota o hay políticas equivocadas”, dijo González Posso.
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