¿Quien es el culpable de problemas de vía al Llano? Controversia por versión que apunta a campesinos

La vía al Llano, uno de los corredores más estratégicos del país por conectar a Bogotá con Villavicencio y los Llanos Orientales, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Al cierre de la carretera, originado por un deslizamiento en el kilómetro 18, se suma la controversia sobre quién debe responder por los daños: el Estado, las concesionarias o incluso los campesinos que habitan las zonas aledañas.El ingeniero Alberto Mariño, presidente de Proindensa, en entrevista con Mañanas Blu, fue enfático al señalar que las intervenciones humanas en la montaña han agravado la vulnerabilidad del terreno. Sus declaraciones, sin embargo, han despertado un fuerte debate al apuntar hacia la población campesina de Chipaque como parte de la problemática.Una batalla de responsabilidadesEl costo de las reparaciones es monumental. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se requieren cerca de 1.2 billones de pesos para atender al menos 55 puntos críticos en la vía. A pesar de esta urgencia, no existe claridad sobre de dónde saldrán los recursos.Mientras el Gobierno estudia la posibilidad de una emergencia económica, gobernadores, concesionarios y autoridades locales cruzan acusaciones. El gobernador de Cundinamarca advirtió que no se debe culpar a las familias campesinas que habitan la montaña y responsabilizó a la concesión por un presunto mal manejo de aguas.Mariño respondió: “El gobernador está mal informado. La zona donde se produce el deslizamiento está definida como de amenaza alta para deslizamientos en el POT de Chipaque. Ahí no deberían existir cultivos”.El señalamiento a los campesinosDe acuerdo con el presidente de Proindensa, la intervención humana es un factor determinante en el deterioro de la vía. Mariño explicó que los campesinos han instalado reservorios de agua, canales improvisados y mangueras que alteran las obras de drenaje construidas previamente. Incluso denunció el robo de infraestructura diseñada para controlar el flujo hídrico.¿Problema estructural o falta de control territorial?El debate trasciende lo inmediato. Para expertos y autoridades, la vía al Llano padece de un “pecado original”: el diseño mismo de la concesión. Críticos señalan que los contratos entregaron al Estado los tramos más complejos y riesgosos, mientras las concesionarias se beneficiaron con los más rentables.Mariño rechazó esa tesis: “Quien dice eso no tiene ni idea de lo que es el contrato de concesión. Si a usted le generan un daño que no es su culpa, usted no tiene por qué asumirlo. El peaje no está diseñado para reparar daños originados por causas externas”.El ingeniero insistió en que la verdadera solución pasa por ordenar el territorio: “Si no organizamos el territorio, el tema de los puntos críticos se vuelve insoluble. No se trata de hacer obras cada vez más complejas, porque con el tiempo volverán a ser afectadas”.Consecuencias económicas y socialesLa incertidumbre sobre la reapertura de la vía amenaza no solo la movilidad sino también la economía regional. El cierre prolongado afectaría la temporada de fin de año y el turismo hacia Villavicencio. “La situación es tan grave que podría extenderse hasta finales de este año 2025, incluyendo las festividades”, advirtió uno de los panelistas en la entrevista radial.Además, el transporte de alimentos y combustibles desde los Llanos hacia la capital sufre encarecimientos que golpean directamente al bolsillo de los colombianos.Por ahora, la disputa jurídica continúa. La ANI, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la concesión Coviandina han intercambiado documentos y cartas sin llegar a un acuerdo sobre responsabilidades.Mariño recordó que la ministra de Transporte ya reconoció que los contratos de concesión no prevén cubrir daños por “fuerza mayor”. En sus palabras: “Resolver esta situación le corresponde al Estado. El concesionario no es responsable de hechos imprevistos como los que suceden en la carretera”.