La Defensoria del pueblo informó que una misión humanitaria integrada por organismos nacionales e internacionales logró la recuperación de los cuerpos de 48 personas, “al parecer combatientes”, tras los enfrentamientos registrados entre las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ en zona rural de San José del Guaviare.
La operación contó con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare.
“La identificación plena de los cuerpos y la determinación de las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes”, señaló la entidad.
Según informó la Defensoria, los combates que ocurrieron en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, reflejan “la profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025”.
Tras la misión humanitaria, la Defensoría alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas y advirtió que la confrontación entre estos grupos armadas se ha intensificado por la disputa de corredores estratégicos, el control territorial y las economías ilícitas.
“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones”, agregó la entidad.
El martes 26 de mayo se registraron enfrentamientos armados entre miembros del autodenominado EMC al mando de alias “Iván Mordisco” y del autodenominado EMBF bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba” en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, zona rural de… pic.twitter.com/puV7Nx8RbB
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 29, 2026
Sin embargo, insistió en que la población civil no debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni los riesgos derivados de las hostilidades. “La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes”.
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La Defensoría señaló además que comunidades indígenas, campesinas y rurales continúan enfrentando amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre las comunicaciones y otras afectaciones derivadas de la presencia y accionar de grupos armados en la región.
Por ello, hizo un llamado a los grupos para excluir a la población civil de la confrontación y pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales reforzar las medidas de prevención, protección y atención humanitaria para evitar una mayor profundización de la crisis en el sur del país.
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