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Cabe señalar que el exconcejal Wilson Hoyos fue asesinado el pasado jueves mientras se encontraba en la plaza del corregimiento de Puerto Claver.
Las primeras investigaciones arrojan que al parecer Hoyos se negó a pagar una extorsión a la banda de Los Urabeños y al parecer por eso lo asesinaron.
Bogotá, Abril 30 de 2016. / Un rechazo enérgico expresó la Defensoría del Pueblo frente al ataque protagonizado por presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas en el río Nechí contra una embarcación en la que era trasladado con graves heridas el ex concejal del municipio de El Bagre, Wilson Hoyos.
Delincuentes del grupo post desmovilizado, también denominado Clan Úsuga, habrían cometido un atentado previo contra el político liberal en el corregimiento de Puerto Claver, siendo asistido por un equipo de paramédicos y familiares, quienes decidieron llevarlo por vía fluvial hacia el hospital Nuestra Señora del Carmen de la mencionada localidad.
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Sin embargo, tanto el personal de salud como la víctima y sus allegados fueron alcanzados por sujetos fuertemente armados que se desplazaban en una chalupa, y que luego de rematar al ex concejal obligaron a los demás ocupantes de la embarcación a lanzarse al río para apoderarse del medio de transporte.
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Cabe recordar que el pasado 8 de Marzo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo de inminencia para el corregimiento de Puerto Claver, a través del cual solicitó a las autoridades competentes reforzar las medidas de seguridad en el territorio para prevenir vulneraciones a los derechos humanos, ante la presencia de las Farc y el grupo post desmovilizado de los Gaitanistas.
Para ese entonces, ya se habían reportado al menos tres homicidios selectivos en la región, así como el desplazamiento de cerca de 570 pobladores por enfrentamientos entre las estructuras ilegales allí actuantes. Miembros de la comunidad denunciaron a la Defensoría que además de estos hechos en medio de la población civil, venían siendo víctimas de amenazas y extorsiones permanentes.
Aunque el asesinato del ex concejal y el ataque a la misión médica ocurrieron el pasado jueves 28 de abril, las condiciones de riesgo para los derechos humanos persisten, toda vez que el corregimiento, ubicado sobre la ribera del río Nechí y habitado por unas 14 mil personas, se constituye en escenario de alta incidencia para los grupos armados ilegales en razón a la ya enquistada minería criminal y los corredores de movilidad para el tráfico de estupefacientes.
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