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Defensoría destaca primeras sentencias de la JEP por secuestros y ejecuciones extrajudiciales

El organismo insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional para todas las autoridades del Estado.

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Defensoría del Pueblo.
Foto: imagen de archivo, Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo aseguró que las dos primeras sentencias definitivas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra antiguos integrantes del secretariado de las extintas FARC-EP y 12 exmilitares, representan un avance en la garantía de los derechos de las víctimas y recordó que la implementación del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional para todas las autoridades del Estado.

En el Caso 01, relacionado con la política de secuestro de las extintas FARC-EP, fueron sancionados los miembros del antiguo secretariado de esta guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, fueron condenados 12 exmilitares por su responsabilidad en desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate en el Batallón La Popa, en la región Caribe.

La Defensoría señaló que estas decisiones constituyen un avance fundamental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, al priorizar medidas restaurativas con participación de las víctimas. Según la entidad, su inclusión en la definición de las sanciones es una garantía indispensable para la satisfacción de sus derechos.

Frente al Caso 01, el organismo destacó el fortalecimiento de las sanciones mediante la exigencia de cronogramas verificables para el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes y el establecimiento de restricciones efectivas a sus libertades. En cuanto al Caso 03, reiteró la importancia del Estado en garantizar los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y valoró la incorporación de acciones para la reconstrucción de la memoria histórica y la dignificación de las comunidades como medidas restaurativas.

La Defensoría también celebró la creación de un mecanismo internacional de monitoreo, integrado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hará seguimiento a la implementación de las sanciones impuestas por la JEP.

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