La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra dos integrantes del comité evaluador del componente jurídico de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional por presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada que se encuentra en curso.
La actuación disciplinaria cobija a Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, quienes hacían parte del comité encargado de la evaluación jurídica del proceso contractual.
De acuerdo con el ente de control, la investigación busca establecer si durante el trámite del proceso de contratación se presentaron actuaciones que pudieron afectar los principios que rigen la contratación estatal y el debido proceso de uno de los proponentes.
En particular, la Procuraduría indaga si fue negada de manera injustificada la modificación de uno de los integrantes del Consorcio Rural, pese a que la comunicación oficial habría quedado registrada oportunamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), antes del cierre del plazo previsto para la recepción de ofertas.
El Ministerio Público busca determinar si esa decisión incidió en la participación del oferente dentro del proceso de selección y si, como consecuencia de ello, el consorcio fue excluido de manera injustificada.
La apertura de la investigación disciplinaria tiene como propósito esclarecer las circunstancias en las que se adoptó la decisión y verificar si los funcionarios investigados actuaron conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la contratación pública.
Como parte de las actuaciones, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el proceso de selección y dispuso escuchar en versión libre a Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, con el fin de establecer su participación en los hechos materia de investigación.
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Con las pruebas que se recauden durante esta etapa procesal, el órgano de control evaluará si existió un posible desconocimiento de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva que orientan la contratación estatal, así como una eventual afectación al debido proceso dentro del procedimiento adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
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