La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas e intimidaciones que han circulado en las últimas semanas contra la organización electoral. Además, pidió preservar la evidencia digital y actuar frente a las expresiones que puedan constituir delitos y no estén amparadas por la libertad de expresión.
La entidad también pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los funcionarios de la Registraduría, con el fin de garantizar las medidas de seguridad que se requieran para preservar su integridad.
Las solicitudes hacen parte de un pronunciamiento en el que la Defensoría rechazó los mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales y plataformas digitales contra el registrador, servidores de la Registraduría y sus instalaciones. Según la entidad, estos hechos se presentan en medio de acusaciones de fraude electoral formuladas por fuera de los canales institucionales y ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.
Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a las plataformas digitales para retirar contenidos que representen amenazas o inciten a la violencia, y pidió a las instituciones, así como a los sectores políticos y sociales, rechazar cualquier acto de violencia contra las autoridades electorales y promover el diálogo para tramitar las controversias sobre el proceso electoral.
Finalmente, insistió a los funcionarios públicos o a las instituciones a reducir los discursos que debiliten la confianza en las instituciones democráticas. También reiteró que continuará haciendo seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos.
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