Denuncian irregularidades en contratación de alimentación para presos del país

BLU Radio pudo conocer una denuncia de la Red de Veedurías ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Superintendencia de Industria sobre las posibles irregularidades que se presentaron en la licitación del contrato de alimentación de los presos del país a cargo de la USPEC. La denuncia fue presentada por el veedor Nacional, Henry Anaya, en la que solicita la suspensión del proceso por el cual se adjudicará un contrato de alimentación de los internos de país por más de 480 mil millones de pesos y también se pide la indagación fiscal, disciplinaria, penal y comercial por presuntos hechos de corrupción en la contratación pública. "Se solicita la suspensión del irregular proceso contractual de alimentación de los internos del país que lleva a cabo el USPEC y la Bolsa Mercantil de Colombia, así como la iniciación fiscal, disciplinaria, penal y comercial por presuntos hechos de corrupción en la contratación pública" añade el texto. Por otra parte, en dicha queja se asegura que en este proceso existen unos presuntos zares de la alimentación y que si se generará dicha adjudicación, la ración alimentaria diaria de un interno no superaría los 4.500 pesos diarios con los que se debería suplir desayuno, almuerzo y comida de los presos. "No solo se prepararon unos términos irregulares que benefician a lo que hemos presuntamente denominado los zares de la alimentación carcelaria, sino que ocasionó un detrimento fiscal gravísimo a las finanzas de la entidad" asegura. Del mismo modo, en la denuncia se asegura que habría un senador de la república del sur de Colombia detrás de la adjudicación de dicho contrato. "Al parecer detrás de los intereses contractuales de la UPEC estaría un senador de la república del sur de Colombia, aspecto que empezamos a indagar y que pronto entregaremos material probatorio que nos han comprometido hacer llegar ciudadanos de bien" afirma el texto. Finalmente, se asegura que la actual gerente de la USPEC, Maria Cristina Palau, quien "para adelantar el proceso de contratación de la alimentación a todos los internos del país" desconoció la ley de contratación pública, por lo cual debe ser investigada.