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Denuncian uso de recursos públicos para atender casa del fiscal general; Fiscalía lo desmiente

En un documento oficial, aparentemente elaborado por uno de los escoltas al servicio del fiscal Barbosa, se incluye en una lista de personal despacho Fiscal – Cafetería y Seguridad 2022 a dos empleadas cuyos cargos son: “operaria y operaria de aseo y cafetería”.

Francisco Barbosa
Francisco Barbosa //
Foto: Twitter: consejeriaddhh

Este fin de semana, la revista Cambio publicó una investigación periodística, según la cual, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habría utilizado personal de servicios generales cuyo sueldo es pagado por el presupuesto de la Fiscalía, para labores domésticas en su residencia.

De acuerdo con la investigación, en un documento oficial, aparentemente elaborado por uno de los escoltas al servicio del fiscal Barbosa , se incluye en una lista de personal despacho Fiscal – Cafetería y Seguridad 2022 a dos empleadas cuyos cargos son: “operaria y operaria de aseo y cafetería” y en la columna de ubicación, se lee: casa.

Según la publicación, también se han presentado tensiones entre escoltas, conductores y personal de servicios generales al servicio del fiscal general, incluso llegando hasta el punto de que uno de los agentes de seguridad habría radicado una queja ante el despacho de la directora administrativa de la Fiscalía, Astrid Torcoroma.

La denuncia de la revista Cambio es delicada, por eso les corresponderá a las autoridades competentes evaluar si hay lugar a alguna investigación para determinar la veracidad de los hechos, ante los cuales, la Fiscalía muy rápidamente salió a desmentirlos categóricamente mediante un comunicado, en el que aseguran que “la Fiscalía no ha contratado ni pagado con recursos públicos, ningún bien o servicio para uso personal del señor Fiscal General de la Nación o de su núcleo familiar incluyendo ningún servicio de aseo para su residencia familiar”.

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Agregó que “es falsa cualquier información que señale que se han usado recursos públicos para atender gastos personales del fiscal general, atentando contra su derecho fundamental al buen nombre, y solo pretende debilitar y afectar el buen funcionamiento de instituciones como la Fiscalía General que día a día presenta al país resultados contra la criminalidad que afecta a nuestros ciudadanos”.

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