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Según la Procuraduría el convenio no contaba con la identificación de la necesidad a satisfacer ni con un soporte jurídico sobre la modalidad de contratación escogida, por lo que terminó subcontratando con Fiscolombia los servicios requeridos en cuanto al apoyo logístico, apoyo en capacitaciones, selección y seguimiento de personal, necesarios para el alistamiento, recolección y procesamiento de los registros para consolidar 9.377.401 en la base de datos, vigencia 2011.
Además, el ministerio Público señala que el ICBF no verificó la capacidad administrativa y financiera de la entidad contratista y tampoco existen actas del comité de contratación del ICBF que recomienden la suscripción de los convenios con Alma Mater, lo cual transgrede las normas internas.
La Procuraduría también halló que en el informe final de ejecución de Alma Mater se le reembolsaron cerca de mil millones de pesos al ICBF, de manera que el total de la ejecución del contrato fue de $11 mil millones, sin embargo, en los documentos no se especificó por qué fue disminuido este valor o qué componentes del contrato no se ejecutaron.
Por estas razones, la procuraduría destituyó en inhabilitó por 11 años a la exdirectora del ICBF Elvira Forero y a dos funcionarios más de la entidad.
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