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Detectan presunto daño patrimonial en contrato de brazaletes electrónicos

El contrato firmado en 2014 pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones.

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BLU Radio. Foto referencia: Twitter @CGR_Colombia

La Contraloría General abrió indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado en la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para los internos con detención domiciliaria.

 

Según el organismo de control, se habría  pagado por el uso en promedio de 4.250 dispositivos mensuales, cuando durante los períodos liquidados solo estaban en servicio, sin novedades, 1.355 dispositivos.


 "La entidad también recibió denuncias que indican que el servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos totalmente obsoletos y un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta", dice.


Además, el contrato firmado en 2014 pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones.


 "Llama aún más la atención que, dentro de las averiguaciones que efectuó la Contraloría, se tuvo conocimiento de comunicaciones cruzadas entre el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director General del INPEC, que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos" , señala la Contraloría.

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 Según la entidad, el principal punto de interés fiscal respecto a los hechos denunciados, radica en el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados (1.355 , descontando 2.915 con novedades técnicas para mayo de 2015).  


 "El objetivo de la Indagación Preliminar radicará en probar ese pago en exceso, que se configuraría en daño patrimonial, por pagar servicios no recibidos. La Contraloría reprocha la falta de la diligencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para tramitar un proceso reglado de selección que permita superar las limitaciones técnicas denunciadas por el INPEC, lo mismo que la decisión oficiosa de la USPEC, como entidad contratante, de aumentar el valor a reconocer por servicio de vigilancia electrónica día/equipo, de $13.529 a $20.664,96 para el nuevo contrato , lo que representa un incremento de más del 50%", agrega el comunicado de la entidad.

 

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