Hace unas semanas Odebrecht aseguró que estaba dispuesta a participar para competir por el contrato de TransMilenio por la séptima en Bogotá. De inmediato,
el procurador general les respondió a los directivos afirmando que primero la compañía debía reparar el daño y contar toda la verdad sobre los supuestos sobornos para quedarse con contratos de infraestructura claves en el país. Luego, uno de los altos representantes de la compañía entregó declaraciones a los medios de comunicación en donde reveló que la empresa estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de reparación integral para pagar $106.000 millones al Estado.
Pero esto no ha sucedido solamente en Colombia. En México, la multinacional brasileña ofreció 18 millones de dólares para compensar el daño causado con un propósito especial: buscar beneficios de la justicia de ese país. Sobre esta estrategia de la corporación,
el director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, señaló que es “inadmisible” y dijo que los responsables deben responder por las sanciones penales.
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“Ellos presentaron un documento ante la agencia solicitando un acuerdo de reparación que es inadmisible desde todo punto de vista.
Yo, como colombiano y como director de la Agencia Nacional de Defensa, simplemente no acepto una negociación donde Odebrecht pide que se le levanten muchas de las sanciones que hoy tiene, a cambio de una indemnización con una suma muy inferior frente a los perjuicios, no solo materiales, sino éticos”, explicó el funcionario.
Concluyó que el Estado está elaborando los argumentos para no aceptar ese acuerdo.
“Ninguna entidad debería estar en la línea de admitir un pacto con Odebrecht. La posición de la Agencia es que Odebrecht no solo tiene que estar sancionado penalmente, sino con los demás mecanismos.
Por ejemplo, en aplicación de la ley transnacional contra la corrupción”, puntualizó.