Un nuevo fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, asumió la investigación por la denuncia de presunto tráfico de influencias relacionada con la supuesta negociación de la gerencia de Afinia por ocho millones de dólares durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
El fiscal hace parte del grupo de tareas especiales que adelanta investigaciones relacionadas con Quintero, su hermano Miguel Quintero y actuaciones de la administración municipal anterior. En este caso, la indagación busca establecer si hubo intervención indebida de servidores públicos en el proceso de selección y designación del gerente general de Afinia, filial del Grupo EPM encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.
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La denuncia fue presentada por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que durante la administración de Quintero se habrían realizado reuniones entre funcionarios públicos de alto nivel, en representación del entonces mandatario, y empresarios para negociar la designación y los negocios de la compañía.
“El criterio técnico, al parecer, fueron 8 millones de dólares”, afirmó Gutiérrez al referirse a la presunta negociación. De acuerdo con la denuncia, en esos encuentros también se habrían discutido mecanismos para direccionar contratos y el pago de posibles coimas.
La investigación ahora en Fiscalía se concentra en hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2021, durante el proceso de elección de Javier Lastra como gerente general de Afinia. Según la indagación, se habrían solicitado dádivas o beneficios indebidos a cambio de facilitar su nombramiento.
Uno de los aspectos que busca esclarecer la Fiscalía es la presunta intervención de Daniel Quintero, quien habría ejercido influencia sobre directivos de EPM para incidir en la designación. También se busca establecer el papel que desempeñaron la junta directiva de la compañía y otros funcionarios en el proceso.
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Entre los indiciados figuran el exalcalde Daniel Quintero y Jorge Andrés Carrillo, quien se desempeñaba como gerente de EPM y actualmente preside ISA. El delito investigado es tráfico de influencias de servidor público.
Dentro de las actividades previstas están la recolección y el análisis de información sobre el nombramiento, así como la evaluación de los elementos probatorios y de la posible intervención de los investigados. La información del proceso contempla la proyección de una posible imputación en un plazo de seis meses.
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En el avance de la investigación también ha sido relevante un testigo que habría entregado información sobre la presunta negociación y sobre la posible participación de otras figuras del sector y contratistas.