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Alcaldes del Tolima denuncian reubicación de familias víctimas sin concertación previa. En medio de una creciente preocupación, los mandatarios locales de Suárez y Rovira, en el departamento del Tolima, denunciaron que la Agencia Nacional de Tierras estaría adelantando procesos de reubicación de familias víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo y del Cauca, sin previo aviso ni coordinación con las administraciones municipales.
La alcaldesa de Suárez, Consuelo Alvis, manifestó su inconformidad al asegurar que se enteraron de la llegada de 18 familias desplazadas solo después de que se materializó la entrega de los predios.
"No fuimos informados de manera oficial. Nos notificaron una vez ya estaban asentadas. Aunque no contamos con la capacidad institucional para atender adecuadamente a estas personas, debemos garantizar su protección y derechos", indicó.
Las familias fueron instaladas en la vereda Pital, en un predio de 256 hectáreas adquirido anteriormente por la Agencia Nacional de Tierras. No obstante, la falta de articulación con la alcaldía ha generado incertidumbre frente a los recursos necesarios para su atención.
Una situación similar se estaría gestando en el municipio de Rovira, donde, según su alcalde Víctor Alfonso Gualtero, se contempla la llegada de familias provenientes del Cauca.
La preocupación principal radica en que estas reubicaciones podrían coincidir con zonas que registran presencia de grupos armados ilegales, lo que comprometería la seguridad tanto de los recién llegados como de la población local.
“Nos preocupa que no se nos haya informado qué predio será utilizado ni en qué vereda. Nuestra obligación es velar por la seguridad de todos, pero no podemos permitir que se tomen decisiones sin concertación previa, más aún cuando hay alertas por presencia de actores armados que ejercen control territorial”, expresó Gualtero.
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La situación ya había tenido un antecedente semanas atrás en el municipio de Honda, también en el norte del Tolima, cuando familias desplazadas del Catatumbo fueron instaladas sin previo diálogo con las autoridades locales, generando reacciones similares.
Ante estas denuncias, el Comité de Justicia Transicional del Tolima realizó una sesión extraordinaria para analizar el alcance de la Sentencia 0171 de 2025, que establece que todo proceso de reubicación de víctimas debe cumplir con criterios de dignidad, seguridad y participación.
Las autoridades regionales hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que se respeten los principios de concertación y coordinación institucional, a fin de garantizar una integración efectiva y segura de las comunidades reubicadas en el departamento.
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El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, expresó su malestar:
"El Gobierno nacional sigue desconectado del territorio. No asistió el director Nacional de Tierras a un tema tan delicado como lo es una orden judicial, y no están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Ya lo habíamos vivido en el municipio de Honda y de Suárez. Vemos que el Gobierno tiene un total desinterés por los derechos humanos de estas personas”, indicó Gúzma, a la vez que instó con firmeza para que se logre la concertación requerida sin dilaciones ni evasiones.
Es de resaltar que hace unos meses varias familias que llegaron desplazadas al municipio de Ambalema por falta de condiciones dignas para subsistir, decidieron abandonar la localidad.
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