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En Marcha rechaza violencia en Gamarra pero dice que CNE se “tomó atribuciones que no tiene”: Cristo

El líder de En Marcha, Juan Fernando Cristo señaló que el CNE se ha “tomado atribuciones que no tiene” tras la serie de revocatorias a candidatos a días de las elecciones.

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Incendio en instalaciones de la Registraduría en Gamarra, Cesar.
Foto: BLU Radio.

El líder natural del movimiento En Marcha, Juan Fernando Cristo condenó los hechos de violencia que se registraron en la sede de la Registraduría de la Gamarra en el departamento de Cesar, donde perdió la vida la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal, a pocas horas de las elecciones regionales.

“Quienes provocaron esta tragedia no representan a nuestro partido, comprometido siempre con La Paz y la no violencia en nuestro país. Solicitamos a las autoridades policiales y judiciales una investigación de los hechos y sanción ejemplar a los responsables”, dice el director del partido Juan Fernando Cristo.

Por otro lado, Cristo se refirió al trino del presidente Gustavo Petro donde señala que el Consejo Nacional Electoral no debería inhabilitar candidatos.

“Yo he venido siendo muy crítico de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, creo que el CNE actuó durante todo este proceso tomándose atribuciones legales que no tiene y revocando candidaturas y decidiendo en los escritorios en Bogotá lo que la gente tiene que resolver”, dijo Juan Fernando Cristo en dialogo con Blu radio.

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Por otra parte, el excandidato de dicho movimiento a la alcaldía de Gamarra, Fernando Márquez, quien fue revocado por el CNE, también rechazó estos hechos y solicitó acompañamiento de la Fiscalía y la Policía ya que afirma que ha recibido amenazas por lo sucedido.

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Cabe recordar que durante la mañana de este 28 de octubre, se realizaron manifestaciones pacíficas de sus simpatizantes en contra de su revocatoria. Posteriormente se dio la quema al interior de la Registraduría de ese municipio.

El Ministerio del Interior informó que ya tienen identificados a los responsables y se está dando una recompensa de hasta $50 millones para poder proceder con la captura de los señalados.

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