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En diálogo con BLU Radio, el ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, explicó que, frente a la atribución de las Farc de haber cometido el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sería la JEP el tribunal el que tenga la posibilidad de asumirlo y recibir todas las pruebas para determinar las responsabilidades, especialmente de Julián Gallo, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, quien asumió la responsabilidad.
La primera decisión que tiene que adoptar la JEP frente a esta carta que envió las Farc con relación al crimen de Álvaro Gómez y otros magnicidios, tendría que ser si abre un macro caso especial sobre esos magnicidios o si simplemente hace un caso individual sobre Álvaro Gómez Hurtado
Explicó que también tendrán que presentarse los que firmaron la carta, incluyendo a Gallo, autor del crimen.
“Después de eso deberían presentarse los firmantes de la carta y Julián Gallo, quien señala su responsabilidad directa ante la sala de responsabilidad de la JEP, donde se aportan las evidencias o indicios que acreditan a las Farc como organización, y al senador Julián Gallo como autor directo del crimen”, explicó.
De otro lado, indicó que después de eso, vendría el trámite de imposición de sanciones. Dijo que no perdería automáticamente su curul como senador.
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La JEP, al imponer la sanción tiene la facultad y la competencia para determinar la sanción que se debe aplicar, que en cualquier caso, si se hace reconocimiento de responsabilidad y se contribuye con la verdad, es una pena alternativa de cinco a ocho años de restricción de la libertad. Esa pena eventualmente puede impedir si el senador Julián Gallo cumpla con sus funciones o no
Cabe recalcar que está la posibilidad de que la JEP no asuma conocimiento del caso y sea la justicia ordinaria quien retome la competencia. Cristo cuestionó algunas declaraciones del Gobierno y sectores políticos, quienes estarían anticipando hechos.
“Creo que aquí lamentablemente se están produciendo declaraciones, por ejemplo, del alto comisionado Ceballos, de otros funcionarios del estado y de sectores políticos, cuando la JEP ni siquiera ha tomado decisiones sobre si asumir las competencias en ese caso; no olvidemos los otros crímenes que se relacionen en la carta, hay que esperar que la JEP funcione”, dijo.
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“Me llama mucho la atención que el crimen de Álvaro Gómez, que estuvo en la justicia ordinaria durante 5 años sin resolver, hay algunos que pretenden que la JEP lo resuelva en ocho días. Hay que dejar que funciones sin ninguna clase de presiones”, concluyó.
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