El Consejo de Estado confirmó este martes que el partido Comunes, integrado por exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mantendrá su nombre, logo y colores distintivos.La decisión se tomó luego que los senadores Israel Alberto Zúñiga Iriarte y Victoria Sandino Simanca Herrera, y los señores Milton de Jesús Toncel Redondo y Benedicto de Jesús González Montenegro, instauraron demanda contra el Consejo Nacional Electoral.Lo anterior al no estar de acuerdo con los cambios de logo, nombre, símbolos y demás características de lo que antes se denominaba: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).Sandino manifestó en varias oportunidades su deseo de retirarse del partido Comunes, porque no se sentía representada con estos cambios. Ante esto, el Consejo de Estado resolvió que no anulará las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que registraron el nombre del partido Comunes.Además de otras resoluciones estatutarias adoptadas en la Asamblea Nacional de esa colectividad, celebrada en enero de 2021, relacionadas con el cambio de nombre, logo símbolo y colores distintivos, así como la renovación de los integrantes del Consejo Político Nacional.Para los demandantes, en su condición de miembros fundadores del partido, tenían derecho a asistir a un evento, donde también se definieron los criterios para conformar las listas de candidatos a las elecciones del Congreso de la República del 13 de marzo de 2022.El 9 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado hizo un breve recuento sobre el surgimiento del partido con ocasión del Acuerdo de Paz de 2016 y el posterior reconocimiento de su personería jurídica.Asimismo, destacó su autonomía para definir en los estatutos los órganos directivos y las condiciones de aspiración de sus candidatos a cargos de elección popular.Con esta premisa, la Sala consideró que la entidad demandada actuó conforme a derecho en el marco de la actuación administrativa iniciada por los demandantes contra las decisiones preparatorias y definitivas de la Asamblea Nacional.En primer lugar, explicó que la revocatoria directa no es el medio idóneo para cuestionar las decisiones de los partidos políticos, pues se trata de una figura que permite a las autoridades públicas dejar sin efectos sus propios actos, al amparo de las causales consagradas en la Ley 1437 del 2011."Por lo tanto, hizo bien el CNE al tramitar la solicitud como una impugnación, sujeta al plazo y a las condiciones que señala el artículo 7º de la Ley 130 de 1994", mencionó la decisión.En segundo lugar, se constató que el registro de las reformas estatutarias estuvo precedido de un estudio de fondo sobre la conformidad con las normas constitucionales, legales y estatutarias pertinentes.En especial, las reglas de convocatoria a la Asamblea Nacional, los asistentes y delegados, el quórum decisorio y la competencia de este órgano frente a los asuntos de la agenda.Por último, se descartaron irregularidades en la notificación de los actos acusados y respecto de la vinculación de terceros interesados.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las reacciones del Pacto Histórico tras capturas de miembros de la Primera Línea:
Este viernes será la última jornada de lectura de sentencia que adelanta la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra alias ‘Karina’ y otros miembros del bloque José María Córdova que ella comandaba de las extintas Farc.Esta será la primera condena de Justicia y Paz contra una cabecilla de esa guerrilla y, en las más recientes audiencias, la sala indicó que tiene identificados 12 acciones armadas cometidas por el bloque en diferentes partes del país.También instó a la Fiscalía a investigar todos los delitos y conductas recopiladas durante la investigación, pero que además investigue a algunos particulares, persona, empresas o instituciones estatales que habrían hecho cosas a favor de dicho bloque, ya sea a través de la entrega de víveres, insumos médicos, indumentaria militar, construcción de infraestructura o por omisión, porque hayan dejado de hacer tareas que habrían evitado el ataque de los ilegales.La sala alertó que tiene información de 231 bienes que podrían ser incluidos en procesos de reparación, pero hoy no han sido cobijados por extinción de dominio, ni siquiera tienen medida cautelar. Por esto le pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar la documentación de estos y a entidades involucradas en el manejo de terrenos, tener en cuenta que los reportados en el acuerdo de paz ante la JEP también pueden incluirse en el proceso de reparación de las víctimas de alias ‘Karina’.A propósito de la lectura definitiva, Hernán Martínez, abogado de algunas de las víctimas, resaltó la diligencia que ha tenido el magistrado para detallar el fallo y dijo que esperan tener un espacio prudente para definir si es necesario apelar o no.“Y ver la necesidad si es procedente la apelación o dejarlo así como está, pero nosotros partimos de la necesidad de las víctimas, por el perjuicio a ellas y algunas víctimas no fueron reconocidas”, señaló.Escuche el podcast de Al pelo con Tata:
A pesar de que la comisión de búsqueda de personas reportara que 84 familias encontraron a sus familiares en el último año, la cifra de desaparecidos es preocupante, ya que en el último año fueron denunciados 6.344 casos en Colombia.Según cifras del Instituto de Medicina Legal, diariamente se denuncia la desaparición de 17 personas entre 10 y 17 años.Uno de los casos que sigue sin respuesta es el de la señora Flor Trujillo, quien a sus 83 años ha dedicado los últimos 23 a la búsqueda de su hijo, reclutado por las Farc en diciembre de 1997.Asegura que con el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos tiene la última esperanza para recuperar los restos de su hijo, porque ni las mismas extintas Farc le han dado respuesta de la desaparición de Luis Eduardo Ballesteros Trujillo, un joven que fue llevado al Meta con la ilusión de un trabajo y no volvió.La comisión de búsqueda de personas desaparecidas reveló que en el último año ha recibido 4.000 solicitudes para cotejar el perfil de 61.000 muestras de ADN.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Franklin Bejarano, excombatiente y firmante del acuerdo de paz, y que se encontraba en proceso de reincorporación desde el 2017, fue asesinado por un hombre armado en un establecimiento comercial de Cali.El hombre comenzó su proceso en Mesetas, Meta, donde era conocido como 'Yoni'. En el momento de su asesinato, se encontraba junto a un grupo de amigos departiendo en un estanco. En cuestión de segundos, un sicario se acercó y disparó contra él en repetidas oportunidades, acabando con su vida de forma inmediata. Los hechos quedaron registrados en un impactante video."Asesinaron a otro compañero, asesinaron a otro camarada firmante del acuerdo. No estaba haciendo absolutamente nada, estaba en su proceso de reincorporación tratando de ganarse la vida porque no han dado las garantías para la reincorporación económica, política y social", dijo Luis Alberto Albán, representante a la Cámara por el partido Comunes."Nosotros exigimos al Gobierno del presidente Duque y a las instancias internacionales, que paren ya el asesinato de firmantes de paz, necesitamos ya que nos digan quién fue, necesitamos inmediatamente que no haya más muertos y no lleguemos al 320", agregó Albán.Y es que Bejarano se convirtió en el firmante del acuerdo de paz 319 en ser asesinado en Colombia, y en el número 20 durante este 2022. Las autoridades en Cali, anunciaron que avanzan en las investigaciones para determinar los motivos y responsables de este homicidio.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué se está hablando tanto del candidato del Pacto Histórico:
Para Eduardo Battistini, representante diplomático de Juan Guaidó en Bogotá, el Gobierno de Nicolás Maduro “quiere asaltar el poder en Colombia”. Agrega que las disidencias de las FARC y el ELN, “forman parte de la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro”, y de allí insiste él, el interés del chavismo por lograr con su dinero e influencia “que se acabe la democracia en Colombia”.Afirma Battistini que el deseo desde el Palacio de Miraflores es que llegue al gobierno colombiano un régimen que tenga características similares o iguales a la de Nicolás Maduro. “En el fondo Maduro tiene un objetivo muy claro, que es asaltar el poder en Colombia para convertir el oprobio que hay hoy en día en Venezuela en un proyecto mucho más grande”.Añade el representante diplomático que el mejor aliado que puede tener el chavismo para expandir su proyecto es precisamente una Colombia “volcada al populismo y al socialismo del siglo 21”.Apoyo a PetroPrecisamente desde el gobierno venezolano, Diosdado Cabello, en su rol de vicepresidente del partido de Gobierno, dejó entrever su apoyo a Gustavo Petro a través de la alerta de un posible atentado contra el aspirante presidencial y a la vez calificando de lógica la propuesta de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.“Ojalá no vayan a asesinarlo, que el narco gobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo, (…) a ellos no les importa nada, una vez, en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, no tienen ningún tipo de escrúpulos”.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado en la campaña del Pacto Histórico:
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para el próximo jueves, 16 de junio, la audiencia reservada en la que la senadora del Partido Comunes Victoria Sandino tendrá que rendir versión por el reclutamiento ilícito de menores por parte de la extinta guerrilla de las Farc.Esta diligencia había sido fijada para el pasado 5 de mayo, pero no se pudo llevar a cabo. En la audiencia se espera que Sandino amplíe su versión en la que admitió que en la extinta guerrilla sí se reclutaron menores de 15 años de edad. Sandino hizo esta afirmación durante su versión en el caso de secuestro, también en la JEP, que se llevó a cabo el pasado diciembre de 2021.Al ser cuestionada por el magistrado Farid Benavides sobre si tenía conocimiento de que se reclutaban menores de 15 años, incluso, en violación a las propias normas que no lo permitían, Sandino respondió que sí se habían presentado casos.“Entonces en esta medida usted está diciendo que las Farc en sus normas entendía que el reclutamiento de personas de 15 años para arriba no era violatorio, que por tanto lo hacían voluntariamente”, preguntó el magistrado.“Así es magistrado, eso era una norma y eso negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría, si llegaron menores, sí se reclutaron menores”, respondió la senadora. El magistrado también le preguntó si “existía la práctica de reclutar menores de 15 años, en violación a sus propias normas”. A lo que la senadora reconoció: “Algunas veces llegaron menores de 15 años, así es”.Victoria Sandino es senadora desde el 2018, gracias al acuerdo para la paz, que estableció cinco curules en el Senado para excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.Recordemos que, en el pasado mes de agosto la JEP dio a conocer al país que, después de las investigaciones que habían adelantado, lograron determinar que al menos 18.667 menores fueron víctimas de reclutamiento.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las recientes peleas y disputas entre las campañas políticas:
Un comunicado atribuido a la antigua guerrilla de las Farc que anima a votar al candidato presidencial Gustavo Petro es falso y ya se había compartido en la campaña electoral de 2018. Las Farc se desmovilizaron tras el acuerdo de paz en 2016 y la misiva mezcla logos y políticos de forma errónea.Usuarios en redes sociales compartieron un documento atribuido a las Farc que anima a votar por Petro. "Apoyen en las urnas electorales a la Colombia Humana, la Nueva Revolución Bolivariana Colombiana, representada por nuestro Camarada Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de la República", afirma la carta.El exalcalde de Medellín Federico "Fico" Gutiérrez, recién elegido candidato presidencial en la coalición Equipo por Colombia, también publicó un tuit con la imagen, que ganó más de 5.000 "me gustas".Colombia celebra este domingo elecciones legislativas y consultas de tres coaliciones para escoger candidatos a la Presidencia, y el 29 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales.UNA IMAGEN YA COMPARTIDA EN 2018Una búsqueda inversa de la imagen muestra que ya se compartió en 2018, poco antes de las elecciones presidenciales de mayo en las que Petro perdió en segunda vuelta contra Iván Duque. En ese momento lo desmintieron la Silla Vacía y ColombiaCheck, miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN) a la que también pertenece EFE Verifica.El nombre "Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo FARC-EP" encabeza el documento viral, pero las FARC se desmovilizaron tras la firma del acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que puso fin a uno de los conflictos más largos de América Latina.La misiva viralizada añade en el encabezamiento la bandera que representaba a la extinta guerrilla y en el margen inferior un antiguo logo del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la fuerza política que surgió después del acuerdo de paz.En agosto de 2017, nueve meses después de la firma de la paz, la antigua guerrilla definió en un congreso el nombre del nuevo partido político.Se llamaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y su logotipo se definió como una rosa que evoca los símbolos socialdemócratas. Pero el año pasado el partido cambió su nombre por Comunes y también constituyó un nuevo logo que consiste en una rosa y la paloma de la paz.Si se compara el panfleto viralizado con los comunicados actuales de Comunes tampoco coinciden el estilo y los símbolos.Además, el equipo de prensa de Comunes rechazó en declaraciones a EFE Verifica cualquier relación con el documento viral, y resaltó que "es un partido político legal que no tiene participación armada".MEZCLA ERRÓNEA DE POLÍTICOSEn la carta viral también se hace referencia a un supuesto gabinete ministerial de Petro formado por varios excombatientes de las FARC y otras figuras políticas como "Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino, Andrés París o Piedad Córdoba".Pero la lista está llena de imprecisiones, por ejemplo, Jesús Santrich -uno de los jefes de las disidencias de las FARC- fue supuestamente abatido tras un enfrentamiento armado en Venezuela en 2021 e Iván Márquez abjuró en 2019 del acuerdo firmado con el Gobierno y actualmente es prófugo de la Justicia.Además, Victoria Sandino, actual senadora de Comunes, no se presentó a estas elecciones y Andrés París fue expulsado de ese partido en 2020.Por último, Piedad Córdoba sí aspira a las elecciones legislativas de este domingo al Congreso, pero no por el partido Comunes sino por el Pacto Histórico.En este sentido, en el panfleto se pide el apoyo en las urnas para Colombia Humana, "representada por Gustavo Petro", pero Petro se presenta precisamente por el Pacto Histórico, una plataforma de partidos y movimientos políticos de izquierda, entre los que se encuentra Colombia Humana.Escuche el podcast zorros y erizos, de Sylvia Patiño, aquí:
Recientemente el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, responsabilizó al presidente Iván Duque por la muerte de los excombatientes de las Farc debido a que, según él, se estigmatizó a los firmantes del acuerdo desde el Gobierno, algo que puso en riesgo su vida.“Señor presidente, ya van más de 300 firmantes asesinados, el último, ‘Jorgillo’, un entusiasta de la paz y la reconciliación, hoy su hijo se debate entre la vida y la muerte por acción u omisión, usted es el responsable, la campaña de estigmatizar a los firmantes nos está poniendo en la mira de los sicarios y trata de desestimular a los que creen en la paz, pero a la guerra no volveremos”, manifestó Londoño en un video.Desde el Gobierno respondieron este miércoles asegurando que todas las entidades del Estado están trabajando en estrategias por la seguridad de los excombatientes.“Así que es un buen momento para recordarle a Rodrigo Londoño y a otros mentirosos que no deben estar apuntando al Gobierno y al Estado, aquí los malos son las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN”, indicó Emilio Archila, actual Alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.Sobre la solicitud que hizo el excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel a la Corte Suprema para que se le aplique la garantía de no extradición, Archila aseguró que se debe tener en cuenta el proceso de reparación de las víctimas, para que este pueda seguir su curso.Le puede interesar:
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que es falso que exista una escalada en el asesinato de firmantes de paz de las extintas Farc como lo dijo el jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño. Sin embargo, confirmó que desde la firma del acuerdo de paz van un poco más de 300 excombatientes asesinados.“Es mentira que se haya aumentado, en cada uno de los años en los que hemos estado en el gobierno la cifra ha sido menor que el año inmediatamente anterior. El último año la reducción fue del 10% y para entender el contexto de todos los procesos de desarme que ha habido en Colombia, que es número grande, más de 16, el proceso con las FARC es donde menos asesinatos ha habido. Es exactamente la mitad. El objetivo debe ser uno, pero pensar que se han aumentado, es mentira”, dijo.Reiteró que, según la justicia, los responsables son grupos narcotraficantes. No obstante, recalcó que, en materia de seguridad el gobierno aumentó el presupuesto.“Hemos multiplicado por 400% el presupuesto de la UNP para proteger excombatientes. En línea con eso, hay una unidad especial en la fiscalía que se dedica a investigar esos crímenes y de los resultados que han dado y las sentencias de los jueces dicen que quienes los han matado, en más del 75% de los casos con grupos de narcotraficantes a principalmente las disidencias, Clan del Golfo y ELN”, informó.Finalmente, recalcó que es falso que no se tenga la intención desde el Gobierno de protegerlos.“Yo no lo llamaría fallas, pero en la medida en que hay un muerto, es una desgracia. Es un luto para todos. Pero lo que es absolutamente mentiroso es que no tengamos la voluntad de protegerlos, qué no se hayan incrementado todos los frentes, que no exista coordinación significativa, que no haya habido unos avances en materia de cifras. El año pasado, los mecanismos de emergencia, con el Ejército sacamos a la gente para salvarla, salvamos más personas de las que terminaron asesinadas, es una labor en la que debemos estar comprometidos todos pero, insisto, la calentura no debe estar en las cobijas y no hacemos nada tratando de mirarnos unos a otros de los que queremos que esto salga bien, tenemos que unirnos todos frente al enemigo común que es quienes están atacando en contra de ellos”, puntualizó.Le puede interesar:
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remite por competencia privativa, preferente y prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz la indagación que se adelanta contra los senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.Le puede interesar: La decisión de abrir indagación se da luego de que el 13 de octubre de 2020 se hizo pública la carta con la que el antiguo secretario de las Farc reconoció los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado y el del congresista Pablo Emilio Guarín, el del exguerrillero José Fedor Rey, el profesor Jesús Antonio Bejarano y el del general en retiro Fernando Landazabal Reyes.Sin embargo, la investigación que adelantaba la Corte Suprema, según la Sala de instrucción: “resulta competencia privativa, preferente y prevalente de la JEP”, debido a que tanto la Fiscalía como la Jurisdicción Especial para la Paz han tenido competencia en este caso y además, las investigaciones contra la extinta Farc son competencia de esta jurisdicción.
Sigue dando de qué hablar la espada de Bolívar, la misma que retrasó 18 minutos el discurso del presidente Gustavo Petro el domingo 7 de agosto, mientras era llevada del Palacio de Nariño a la plaza de Bolívar.Pues bien, ahora el presidente Gustavo Petro ordenó que no siguiera en el Salón Bolívar, a donde tiene acceso muy poca gente, y por eso fue trasladada al lobby de la Casa de Nariño, en la entrada de la carrera octava.Por esta puerta ingresan todos los visitantes y la mayoría de los funcionarios que visitan la Casa de Nariño y que ahora observarán la famosa espada de Bolívar tan pronto ingresen. La espada seguirá custodiada permanentemente por dos guardias.La jefatura para la Protección Presidencial fue la encargada de hacer el traslado de la espada en un cofre y de la urna que la protegerá. Vale la pena recordar el profundo contenido simbólico que tiene la espada para el presidente Petro porque la misma fue robada en 1974 de la Quinta de Bolívar de Bogotá y fue devuelta al estado colombiano una vez se firmó la paz con esa guerrilla.
La vicepresidenta Francia Márquez reveló cuál fue el viaje que realizó a un país africano y que la marcó de por vida. De hecho, desde ese momento cambió su forma de vestir para transmitir un mensaje a la sociedad.Se trata de Senegal, específicamente la Isla de Gorea, que fue declarada como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco, al ser un lugar donde se vulneró los derechos de los esclavos de manera atroz."Creo que es un lugar que todo el mundo debería conocer. Ver las celdas de lo que fue la esclavitud, donde engordaban a la gente. Hay una puerta que se llama 'La puerta sin regreso'. A mí me marcó mucho. Yo vine de allá descolocada, fue fuerte", relató la vicepresidenta en conversación con Los Informantes, de Canal Caracol.Francia Márquez también comentó que en ese viaje se quedó con la imagen de las mujeres senegaleses, en medio de la escases, lucían trajes coloridos, con varios diseños, resaltando sus orígenes."Trajes maravillosos, dije: "Esto es muy hermoso, es lo que somos". Yo era una mujer de andar en jeans y camisetas (...) Estar hoy con mi cabello afro y escuchar a las niñas que me mandan mensajes diciendo: "Quiero ser como mi tía Francia"", añadió orgullosa en Los Informantes.Vea la entrevista completa de Francia Márquez en Los Informantes:Le puede interesar: Se está poniendo viejo
Una fiscal imputó el cargo de interés indebido en la celebración de contratos al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; el exgerente EPM, Federico Restrepo, y al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al igual que al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.Si bien los implicados no aceptaron los cargos en la audiencia en el juzgado 12 de control de garantías de Medellín, la fiscal del caso aseguró que los cuatro imputados suscribieron los acuerdos entre julio y septiembre de 2010 que frenaron la licitación pública que ya se adelantaba y a la que fueron invitadas algunas empresas privadas.Sin embargo, se decidió contratar de manera directa con EPM y esto habría afectado el cronograma de obras de Hidroituango."Esa decisión afectó gravemente el tiempo y la entrada en construcción de Hidroituango, según el cronograma", añadió la fiscal durante la audiencia.Cabe recordar que en esta investigación penal también están incluidos otros cinco exfuncionarios de EPM e Hidroituango, que serán imputados por delitos como falsedad en documento público por información errónea a la Anla y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción del tercer túnel de desviación.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Viviana Barberena tiene una maestría en Administración Pública, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Ciencias de la Administración Pública. Ha sido consultora y docente experta en temas de gestión territorial, descentralización, modernización del Estado, cooperación internacional y cultura ciudadana.La Veeduría Distrital es una entidad de control preventivo para la transparencia y efectividad de la gestión pública del Distrito.Esta institución promueve, acompaña, evalúa, hace seguimiento, innova, recomienda, sensibiliza, incide en entidades distritales, localidades y en la ciudadanía para: ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción.La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dio la bienvenida a la nueva funcionaria y en el acto de posesión se refirió a la Veeduria como “una institución muy importante para Bogotá”.Por su parte la nueva veedora distrital afirmó que “hay una tarea pedagógica importante que tiene que ver con el mejoramiento y la responsabilidad” que tienen los funcionarios de todos los niveles.Señaló que para ella es un honor y un privilegio acompañar a la ciudad en este proceso.“Muchas de las cosas que pasan en el Estado no son actos de corrupción. La ciudadanía reclama cada vez más protagonismo en el conocimiento de los asuntos del Estado y en eso creo que tenemos una tarea muy importante”, agregó.Viviana Barberena fue gerente de la campaña y coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo -UTL- del exsenador Antanas Mockus. Entre otros cargos, ocupó el de directora del Jardín Botánico de Bogotá.Su último cargo fue de integrante del Ejecutivo y de la dirección nacional de la Alianza Verde.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Este martes, 9 de agosto, la Procuraduría pidió condenar a la excongresista Aída Merlano por violar los límites de gastos en su campaña al Senado para 2018-2022.En la audiencia que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Ariel Torres Rojas, en el concepto rendido ante la sala especial de primera instancia del alto tribunal, el ministerio Público requirió, además, que la Corte inicie los trámites para solicitar su extradición desde Venezuela, cuando se verifique que sí se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento.El ministerio público también señaló que en medio de la investigación se determinó que la campaña de Merlano Rebolledo recibió más de 8.300 millones de pesos, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de 884 millones de pesos.Para la Procuraduría, Aída Merlano: “Afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores, vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”.Por esa razón, solicitó condenar a la excongresista, quien era representante a la Cámara para la fecha en que ocurrieron los hechos, por el delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales, que contempla una pena de cuatro a ocho años, y que la misma se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad.
