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En el mes de marzo de este año Mañanas Blu recibió una denuncia de habitantes de Sutatausa, Cundinamarca, donde decían que el impuesto predial se les había incrementado hasta en un 5.000%.
Jairo Augusto Alfonso, expersonero de ese municipio, ha liderado este tema con la comunidad y explicó lo que viene pasando en Sutatausa.
El catastro multipropósito está contemplado en el artículo 104 de la ley 1753 de 2015. Esa ley le dio vida al plan de desarrollo de 2014 a 2018 del entonces presidente Juan Manuel Santos, “todos por un nuevo país”.
El artículo consiste en levantar toda la información necesaria y suficiente para saber de quién es la tierra en el país y cuánto vale realmente.
Por ley, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es el gestor catastral de Colombia y el que debe levantar esa información, sin embargo, en 2019 se expidió el decreto 1983 con el que se descentraliza la gestión catastral y se le dice a los departamentos y municipios que, si tienen el personal técnico, si acreditan experiencia, y si muestran músculo financiero, pueden ser gestores catastrales.
El departamento de Cundinamarca y la CAR firmaron un convenio interadministrativo por 50.000 millones de pesos, con el que la gobernación se constituiría como gestor catastral y haría la actualización de 25 municipios del departamento.
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Entonces, la gobernación creó la Agencia Catastral y esta contrata a la inmobiliaria del departamento para hacer esa actualización. La inmobiliaria, que no hace actualizaciones catastrales, contrata a Cityland Analytics SAS, una empresa privada, que es la que termina haciendo el levantamiento catastral para la Gobernación de Cundinamarca.
Lo que hemos encontrado es que los incrementos en el predial en distintos municipios de Cundinamarca, en muchos casos, alcanza el 5.000 por ciento. Propietarios que pagaban 500.000 pesos pasaron a pagar 8 millones en municipios donde no hay ni carro de bomberos.
Si bien en muchos municipios desde hace más de 15 años no se actualizaba el catastro, la ley 44 de 1990 dice que no se puede incrementar el avaluó en más del doble del cobro del año inmediatamente anterior, es decir, no se puede cobrar de un año a otro lo que se dejo de cobrar en 15 años.
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La agencia catastral tiene hoy jurisdicción en 76 de los 116 municipios, los restante 40 se habilitaron como gestores ante el IGAC. En Soacha, los problemas son gigantescos, porque ya hay 20.000 ordenes de embargo y Girardot embargó su municipio a 20 años por la actualización.
Una de las personas que ha abanderado el acompañamiento de este tema de las alzas desbordadas es Wilson Flores, diputado de Cundinamarca, quien llegó a ese cargo por el Estatuto de Oposición y viene liderando el tema en el departamento. Logró llevar el tema a la agenda de la Comisión Accidental creada en el Congreso de la República para revisar las denuncias sobre el levantamiento de datos para la actualización catastral en el marco del Catastro Multipropósito.
¿Qué dice el diputado Wilson Flores?
"Se hizo una actualización catastral que resultó siendo catastrófica. Hicimos un debate de control político en donde nos dimos cuenta que los resultados de la actualización catastral estaban mal hechos. Evidenciamos que no se visitaron los predios, que no se cumplió la ley en cuanto a la socialización. Hay avalúos que superaron hasta un 1.400%, predios que costaban 50 millones de pesos en zonas de veredas y ahora, según la actualización, alcanzan los 1.500 millones de pesos. No le contaron nada a las personas, sino que les enviaron sus recibos. La gente está desesperada", explicó Flores en Blu radio.
¿Soluciones?
De los 76 municipios 13 expidieron resoluciones para cobrar con el nuevo avaluó, pero hay más de 75.000 predios comprometidos en este error de levantamiento de información y solo hay dos caminos: o suspender las resoluciones expedidas en virtud a ese convenio interadministrativo, lo que generaría un detrimento de 50.000 millones de pesos o que el Gobierno nacional aplace la entrada en vigencia de esos cobros mientras se hace nuevamente el avalúo catastral en el departamento.
Esa respuesta la debe dar el Dane esta semana, porque los afectados oficiaron al presidente contándole todo lo sucedido y será el gobierno el que tome una decisión.
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Por su parte, la Superintendencia de Notariado ya abrió una investigación contra la Agencia Catastral de Cundinamarca, mientras que la Gobernación de Cundinamarca culpa a la ley y aseguran que debe ser modificado el impacto fiscal entre el avalúo catastral y el comercial.
Al respecto Alejandra Gómez Sarmiento técnica del Instituto Geográfico Agustin Codazzi -IGAC, durante la reunión de la Comisión Accidental en la comisión tercera de la Cámara de Representantes aseguró que al haber descentralizado el catastro, los gestores visitaron los territorios sin Dios y sin ley. La funcionaria le hizo un llamado a los gestores para trabajar de la mano del IGAC y a que se articule el trabajo con la ciudadanía.
En ese orden de ideas, todo lo que está sucediendo con el catastro multipropósito está llevando a que los campesinos sean catalogados como “nuevos ricos” y, por lo tanto, a declarar renta, pagar impuesto al patrimonio y perder subsidios como el Sisben. Además, corren el riesgo de ser embargados, como viene ocurriendo en Soacha.
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A eso hay que sumarle que, si no actualizan catastro, no tendrán inversión directa de la región metropolitana.
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