La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales respondió a las revelaciones de la Contraloría sobre los hallazgos fiscales y la opinión desfavorable en el manejo de los recursos de las diez CAR que fueron evaluadas durante 2017.
Sin embargo, los informes de auditoría de cada una de las entidades son contundentes, pero la que arroja los datos más preocupantes es la de Cundinamarca.
Este es un recuento a fondo de los hallazgos en el extenso documento:
En primer lugar, la Contraloría no feneció la cuenta para la vigencia 2017, siendo esta la octava vez desde 2009 que la entidad no recibe un resultado positivo tras la evaluación de la Contraloría. El no fenecimiento de la cuenta quiere decir que hubo tal cantidad de hallazgos negativos e incongruencias en los estados financieros y la información contable que la CAR no pasa el examen ni raspando.
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Una de las revelaciones relevantes tiene que ver con cinco convenios que se realizaron con la Universidad de los Andes desde 2013 por más de $5.100 millones, siempre con el mismo objeto.
Vea aquí: No hay lugar a dudas, ni confusión contable: Contraloría a MinSalud por caso Grosso
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“Aunar esfuerzos entre la corporación y la Universidad de los Andes, para el desarrollo y aplicación de estrategias educativas tendientes a promover y hacer seguimiento a encadenamientos sostenibles de autogestión ambiental”. La Contraloría explica que evaluó el convenio de 2016 y no encontró una sustentación de los gastos, ni cumplimiento de lo establecido.
Además, la Contraloría destacó que se evidencia que hay algunos contratos que no tienen que ver con las actividades misionales de la entidad.
“Se evidenció la aplicación de recursos ambientales a actividades que no aportan resultados al quehacer misional de la CAR, en la medida que no contribuyen a los objetivos de la Corporación”, señala el informe, y agrega que en muchos de ellos no se respetan los estudios técnicos y los contratistas tienen facilidad para cambiarlos de acuerdo con sus opiniones sobre lo que se debe hacer.
El otro tema importante tiene que ver con la construcción de las Plantas de Tratamiento para Aguas Residuales en algunos municipios del departamento.
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En Apulo, hubo una denuncia de un ciudadano a la que la Contraloría le hizo seguimiento y encontró hallazgos con alcance penal.
Se trata del convenio 1091 del 8 de noviembre de 2013 para la construcción de la infraestructura necesaria para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por más de $3.500 millones de pesos y que tenía plazo de un año para terminar la ejecución.
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Sin embargo, según el documento solo hay un avance del 24 por ciento, por lo que no se garantiza el saneamiento básico del municipio. El contratista fue el consorcio PTAR Apulo constituido por Ingenieros Civiles y Ambientales ASOCIADOS LIMITADA, e Hidropeoyectos S.A. sucursal de Colombia.
Una situación similar ocurrió en el municipio de Santa Marta en donde se invirtieron más de $8.000 millones de pesos para la PTAR de la región en 2015, pero hoy las obras no han comenzado su ejecución. No hay un ladrillo puesto.
Como estos hay 44 hallazgos, todos con un daño fiscal de más $72.000 millones de pesos solo en la CAR de Cundinamarca y que tienen que ver con obras de adecuación de los ríos Chicú y Ubate, obras para la estabilización de taludes, restauración ecológica del parque Neusa, y otras actividades de suma importancia en lo ambiental para el departamento.
Hasta ahora el director, Nestor Guillermo Franco no ha respondido por los resultados de la auditoría.
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