La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió sobre la existencia de diez zonas críticas en Colombia donde se ha deteriorado el control estatal y se han consolidado dinámicas de violencia sostenida. El diagnóstico, basado en información de la fuerza pública, señala que estas subregiones concentran riesgos asociados a disputas entre grupos armados, expansión de economías ilegales y graves afectaciones humanitarias.
Las zonas identificadas están ubicadas en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca y Norte de Santander.
En detalle, el análisis ubica focos específicos en Sarare y Puerto Rondón (Arauca); Trocha Ganadera y río Inírida (Guaviare); El Pato-Balsillas y Bajo Caguán (Caquetá); Medio Putumayo; Pacífico nariñense y río Mataje (Nariño); Norte y Nordeste de Antioquia; Serranía de San Lucas y sur de Bolívar; Atrato y San Juan (Chocó); cañón del Micay y norte del Cauca; y el Catatumbo en Norte de Santander, territorios que en conjunto agrupan cerca de 40 municipios.
El análisis también advierte que en todos estos territorios operan grupos armados con los que el Gobierno ha adelantado o intentado negociaciones en el marco de la política de “Paz Total”. “Este escenario de crisis sugiere una desconexión inicial entre la política de paz y la estrategia de seguridad y, sobre todo, pone en evidencia limitaciones en la visión, el método y la capacidad de implementación de la Paz Total”.
“Asimismo, la situación en zonas como la Trocha Ganadera (Guaviare) es, en parte, resultado de la fragmentación de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, asociada a deficiencias en la gestión de la negociación de paz”.
De acuerdo con el investigador asociado de la FIP, Gerson Arias, “estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados”, quienes han fortalecido su presencia mediante nuevas estructuras, control territorial y prácticas como reclutamiento, amenazas, confinamientos y desplazamientos.
El informe señala que estas diez regiones comparten el hecho de que son territorios estratégicos para actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de coca, presentan débil presencia estatal y están en constante disputa entre actores armados.
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Además, cuatro de estas zonas, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander, son territorios de frontera con Ecuador y Venezuela, lo que, según la FIP, evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las limitaciones en la estrategia de seguridad en áreas limítrofes.
Frente a este panorama, la FIP señala que cualquier intervención estatal debe ser cuidadosamente planificada, ya que una acción mal ejecutada puede aumentar los riesgos para las comunidades o generar desconfianza hacia la fuerza pública. A esto se suma la complejidad operativa, marcada por el uso de drones y redes de apoyo criminal.
Finalmente, la Fundación advierte que, aunque estas diez zonas requieren atención prioritaria, no se deben descuidar otros territorios donde existe dominio criminal menos visible, como algunas regiones del Caribe o zonas aisladas de la Amazonía, que también funcionan como corredores estratégicos para economías ilegales.
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“La FIP hace un llamado a ampliar la mirada sobre estas zonas, con el fin de prevenir riesgos y fortalecer la protección de las comunidades que permanecen en condiciones de vulnerabilidad”.
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