JEP ordena medidas para el Cantón Norte, Casa del Florero y sitios vinculados a la toma del Palacio

La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó una medida cautelar sobre la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur, por un año, con el propósito de proteger estos lugares y avanzar en su resignificación como espacios de memoria relacionados con los hechos del Palacio de Justicia de 1985.

La decisión fue adoptada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que señaló que estos espacios están directamente vinculados con los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por lo que deben ser objeto de medidas orientadas a la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas.

En desarrollo de esta medida, la JEP impartió órdenes específicas a distintas entidades para materializar esa transformación. En el caso del Museo de la Independencia – Casa del Florero, dispuso la implementación de recorridos guiados de memoria por los espacios del museo que fueron utilizados por la Fuerza Pública durante los hechos.

Adicionalmente, la JEP ordenó que el Museo de la Independencia – Casa del Florero, en articulación con el Ministerio de las Culturas, consolide y mantenga de manera permanente la Sala “6 y 7 de noviembre de 1985”.

Para ello, ambas entidades deberán adelantar en un plazo de tres meses las gestiones administrativas, jurídicas y financieras necesarias para asegurar su funcionamiento, y posteriormente rendir informe a la Jurisdicción.

En ese mismo sentido, la Jurisdicción ordenó al Ministerio de Defensa que en un plazo de tres meses, deberá instalar en el Cantón Norte, una placa conmemorativa y desarrollar murales de memoria histórica, con el fin de visibilizar lo ocurrido y reconocer a las víctimas.

Foto: Dirección Colombia.

En el caso de la placa, la JEP precisó que deberá instalarse en la entrada del Cantón Norte y que su contenido debe reconocer que ese lugar fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos. El mensaje deberá construirse mediante espacios de concertación con las víctimas y ser presentado en un acto público donde se prioricen sus voces.

Adicionalmente, en un plazo de seis meses, el Ministerio deberá diseñar e implementar una cátedra o módulo obligatorio en derechos humanos y memoria histórica sobre los hechos del Palacio de Justicia, dirigido a integrantes de la Fuerza Pública.

Asimismo, el Ministerio de Defensa deberá, en un plazo de cuatro meses, diseñar e instalar al menos cuatro murales de memoria histórica en el Cantón Norte, en concertación con las víctimas, asegurando que estos reconozcan ese lugar como escenario de violaciones a los derechos humanos, promuevan la memoria y eviten cualquier forma de negacionismo o revictimización.

De igual forma, deberá diseñar el guion e implementar una exposición permanente en los museos del Ejército a nivel nacional sobre los hechos del Palacio de Justicia, también construida con participación de las víctimas y con fines pedagógicos.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá deberá, en un término de tres meses, estructurar un proyecto de resignificación simbólica del espacio público en los separadores de la carrera Séptima y en los sectores aledaños al Cantón Norte, con el fin de ampliar el alcance de estas acciones de memoria hacia el entorno urbano.

Este proyecto deberá construirse mediante un proceso participativo con las víctimas y sus representantes, y deberá garantizar que las intervenciones sean simbólicas, reversibles, de bajo impacto físico y compatibles con el uso del espacio público, priorizando elementos gráficos, narrativos o visuales que no afecten la movilidad ni la infraestructura.

Además, la JEP ordenó acciones en el Cementerio del Sur, específicamente en el Parque Zonal Villamayor, donde entidades distritales deberán implementar murales e instalaciones móviles de memoria para recordar el uso de este lugar como fosa común en los años ochenta, garantizando la participación de víctimas y la compatibilidad con las labores de búsqueda humanitaria.

Finalmente, ordenó la conformación de una mesa técnica con participación de la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las víctimas, para estructurar una ruta de memoria que articule el Palacio de Justicia con estos tres lugares objeto de la medida cautelar.

La JEP también subrayó la necesidad de garantizar una participación amplia de las víctimas. En ese sentido, advirtió que las acciones de memoria deben construirse de manera incluyente, evitando excluir voces y garantizando que familiares, sobrevivientes y distintos sectores afectados participen en la definición de las medidas, con el fin de evitar la revictimización o la distorsión de la verdad histórica.

“Resulta evidente que la falta de consolidación de lugares de memoria debidamente resignificados comporta una afectación sustancial y continua a los derechos de las víctimas a la verdad, la memoria y la reparación integral, por cuanto La inexistencia de estos espacios no solo impide la materialización de medidas simbólicas de alto valor restaurativo, sino que perpetúa la exclusión de las voces de las víctimas en la construcción del relato histórico nacional”.

Este proceso se origina en la solicitud presentada el 13 de junio de 2023 por Helena Urán, quien pidió la adopción de medidas cautelares para proteger estos lugares y avanzar en su transformación en espacios de memoria y reparación relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.