La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, exgerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, bajo la gerencia de Roa se habrían ejecutado gastos por más de $770 millones que no fueron registrados en el aplicativo Cuentas Claras. Entre estos recursos se encuentran dineros destinados a la Unión Sindical Obrera (USO), servicios de transporte y logística, así como pagos relacionados con publicidad.
La Fiscalía también cuestionó que algunos de los gastos presuntamente habrían sido registrados en un periodo electoral diferente al que correspondía, situación que hace parte de los hechos por los que Roa fue llevado ante la justicia. Durante la diligencia de imputación, el exgerente de campaña no aceptó los cargos y aseguró ante el juez que era inocente.
El caso llegó a la justicia penal después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitiera el expediente a la Fiscalía en noviembre pasado. La decisión estuvo relacionada con el papel que desempeñaba Roa como responsable de la campaña, pues desde ese cargo tenía participación directa en decisiones financieras y administrativas, como la aprobación de desembolsos, la firma de contratos y la validación de los registros contables.
Para avanzar en la investigación, la Fiscalía tomó como referencia parte del material que ya había sido recopilado por el organismo electoral. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentran documentos y registros relacionados con el manejo de los recursos de la campaña, obtenidos durante las actuaciones adelantadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
Uno de los puntos centrales del caso está relacionado con el monto que, según el ente investigador, habría excedido los límites establecidos para la campaña presidencial. La Fiscalía sostiene que, al contrastar los gastos reportados con los elementos recaudados durante la investigación, el exceso habría llegado a más de $1.000 millones.
Publicidad
Roa, por su parte, ha rechazado los señalamientos en su contra. Durante la audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, el exgerente de campaña no se allanó a los cargos y manifestó que era inocente.
Con la presentación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Sin embargo, todavía no ha sido asignado el despacho judicial que deberá conocer el caso, por lo que aún no se ha establecido la fecha ni la hora para la audiencia de acusación.