Fiscalía alista decisiones por caso Canal Isabel II

Una falsa denuncia a nombre Jorge Enrique Pizano, exgerente de la empresa Triple A Barranquilla en 2004, fue la primera advertencia que llegó a la Fiscalía sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II, también conocido como el "caso Lezo". BLU Radio habló con Pizano, quien confirmó que puso en conocimiento de la Fiscalía que su firma fue falsificada para dar a conocer esa denuncia, pero a la fecha no se avanzaron en investigaciones por la falsedad en el documento El caso volvió a tomar relevancia este año, tras las primeras capturas en España de 12 personas por el pago de sobornos de la empresa española para quedarse con contratos de agua, alcantarillado y aseo en la costa colombiana. Por estos hechos, el fiscal Néstor Humberto Martínez ordenó abrir dos investigaciones: una, bajo la Ley 600, por hechos anteriores a 2008, y otra, al amparo de la Ley 906. Las primeras citaciones La investigación avanza de tal manera que desde la noche del domingo llegó a Colombia el primer grupo de investigadores de España que trabajará de la mano con Procuraduría y Fiscalía para destrabar e identificar los responsables del escándalo de corrupción denominado para el país "operación acordeón" por las maniobras ilegales que se manejaron. BLU Radio pudo establecer que los investigadores ya tienen listas las primeras citaciones. Se trata de los miembros de la primera junta directiva: Nelson Polo Carbonell, Julio Luis Jacome, Luis Nicolella de Caro y Enrique Miguel Gerlein Navas. También figuran los exalcaldes de Barranquilla: Bernardo Hoyos y Guillermo Hoennisberg; los funcionarios de la alcaldía para la época; Armando Guijarro y María Teresa Torres Roncado y los españoles en representación de Aguas de Barcelona: Juan Ras Sirera y Ramón Albareda Canadell. En este caso se indaga la compra con un sobrecosto del 70% de Inassa, la filial del Canal que controla la llamaa Triple A de Barranquilla, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En paralelo, la Procuraduría busca determinar por qué las autoridades locales bajaron su participación en esa compañía, que llegó a hacerse con el 60% de las acciones.