La Fiscalía General de la Nación citó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para rendir declaración en calidad de denunciante dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno nacional.
La diligencia judicial fue programada para este viernes a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Las denuncias fueron radicadas por la exfuncionaria a través de su abogado, Manuel Villanueva, quien explicó que el propósito es que el ente investigador esclarezca el origen de las amenazas y determine la responsabilidad de las personas que, según sostiene la defensa, han intentado intimidarla después de las declaraciones concedidas a Blu Radio sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno.
En la denuncia, Rodríguez también afirmó que cuando ejercía como directora del Fondo Adaptación fue víctima de amenazas de muerte y extorsiones por parte de personas que, según indicó, podría identificar y que presuntamente pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes buscaban influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos de esa entidad.
Asimismo, manifestó que mantuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo. Según la denuncia, a partir de ese momento comenzaron las amenazas e intimidaciones dirigidas contra ella y su familia.
Rodríguez también señaló que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y que, además, la habría intimidado al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.
Otro de los apartados del documento hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente. La exdirectora aseguró que algunos uniformados le manifestaron que su fallecimiento no habría correspondido a un suicidio, sino a un homicidio, versiones que, según indicó, aumentaron su temor tras las revelaciones realizadas públicamente.
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El abogado Manuel Villanueva recordó que su representada también había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y la Aerocivil.
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