Fuerza Aérea Colombiana dice que no ha comprado aún el avión presidencial de Ecuador

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Ramses Rueda, habló en Mañanas BLU sobre la negociación que se adelanta por el Jet Ejecutivo Legacy EMB-135BJ que sirvió a la Presidencia de Ecuador.

“No hemos comprado el avión presidencial de Ecuador, estamos en el proceso de adquisición de alguna aeronave que reemplace los antiguos aviones Fokker que fueron comprados para el servicio de la Presidencia de Colombia”, aseguró el oficial.

“El negocio no se ha cerrado, estamos en el proceso desde hace más de un año. Nuestro objetivo es comprarle el avión, si logramos concretarlo, no para ponerlo al servicio de la Presidencia, sino para reemplazar uno de los Fokker, que algunos medios los llamaron ‘la cafetera’, en 2004 o 2005”, complementó el comandante de la FAC.

El general Rueda aseguró que una vez se surtan procesos de aprobación técnica se llevaría a cabo la transacción y aseguró que la adquisición no daba espera debido a la antigüedad de los aviones Fokker.

“[El proceso de compra] es prioritario, porque la FAC tiene una obligación de movilizar no solo tropa, sino también personal. Tenemos dos aviones Fokker, que son de los años 70, se adquirieron durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero”, señaló el comandante de la FAC.

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“El acuerdo sobre el precio está, pero la compra no se ha realizado. Hay una intención de compra, hay unos estudios técnicos, si estos nos dan visto bueno, realizaríamos el pago de la aeronave. No se ha comprado, pero estamos en el proceso de negociación”, añadió el general Rueda.

El Jet Ejecutivo Legacy EMB-135BJ fue adquirido a la empresa brasileña Embraer por el gobierno del vecino país durante el mandato del expresidente Rafael Correa, por un precio de unos 28 millones de dólares.

Conozca la oferta de subasta del avión:

El avión fue incorporado entonces a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para uso exclusivo del presidente, pero Lasso decidió ponerlo a la venta el 31 de agosto de 2021, mediante un decreto en el que restringía su uso a "situaciones excepcionales".