La inteligencia militar colombiana está desarrollando una capacidad tecnológica para hackear los drones utilizados por grupos armados ilegales, rastrear sus movimientos y obtener información que permita ubicar campamentos, depósitos de armas y explosivos.
Esta estrategia busca contrarrestar los ataques con aeronaves no tripuladas contra bases militares, estaciones de Policía y población civil, mediante herramientas de ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia.
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Para avanzar en esta misión, encomendada por el alto mando militar, desde hace varias semanas trabaja un equipo interdisciplinario integrado por ingenieros de sistemas, software, telecomunicaciones e informática, profesionales en ciberseguridad, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial y hardware. El objetivo es fortalecer las capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados al uso ilegal de estos dispositivos.
El trabajo de los ingenieros y analistas se estaría desarrollando en diferentes regiones del país, entre ellas Catatumbo, Arauca, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, sur de Bolívar y Caquetá. Los procedimientos, las herramientas empleadas y la ubicación de los centros de cómputo permanecen bajo reserva, debido a que revelar esos detalles podría comprometer las operaciones en curso y poner en riesgo al personal involucrado.
Uno de los principales avances estaría en la posibilidad de acceder de manera remota a los sistemas utilizados para controlar y operar los drones. La información obtenida permitiría analizar sus movimientos, rutinas y coordenadas, así como relacionar esos datos con otras fuentes de inteligencia para identificar zonas de interés y posibles lugares de operación de las estructuras criminales.
Con estos datos, la inteligencia militar busca establecer patrones relacionados con campamentos, zonas de concentración, puntos de reunión y lugares de almacenamiento de material de guerra. También se pretende identificar posibles depósitos de armas, explosivos, drogas y elementos de intendencia utilizados por los grupos armados para desarrollar sus actividades ilegales.
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La información recopilada estaría contribuyendo al desarrollo de operaciones militares y de Policía, incluidas acciones para capturar o neutralizar integrantes de estas organizaciones y localizar material ilegal.
Uno de los efectos que se busca conseguir es reducir la ventaja que los grupos armados obtienen al utilizar drones para atacar a la Fuerza Pública o vigilar sus posiciones sin exponer directamente a sus operadores. Este escenario también podría obligar a las organizaciones criminales a modificar sus procedimientos y adoptar nuevas medidas de seguridad.
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Además del rastreo, los especialistas están trabajando en una capacidad que todavía se encuentra en desarrollo y consiste en tomar el control de los drones después de que despeguen, de manera que sus operadores pierdan el mando de las aeronaves.
Si esta medida logra funcionar, esta tecnología podría impedir que los dispositivos continúen una trayectoria de ataque e incluso permitiría intentar desviarlos. No obstante, su viabilidad dependerá de las características de cada sistema y de que sea técnicamente posible intervenirlo.
A esta estrategia se sumaría la incorporación de aeronaves MQ-9 Reaper, mencionadas como un refuerzo para las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
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Estos equipos militares pueden observar zonas extensas y apoyar la localización de campamentos, laboratorios de procesamiento de drogas, rutas del narcotráfico, embarcaciones con cargamentos ilegales y movimientos de grupos criminales. Su disponibilidad y despliegue efectivo en Colombia deben precisarse para establecer el alcance de ese refuerzo.
La combinación de ciberinteligencia y vigilancia aérea busca ampliar la capacidad de la Fuerza Pública para detectar amenazas, seguir los movimientos de las organizaciones armadas y orientar operaciones contra sus estructuras.
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El cambio estratégico consistiría en que los drones utilizados para cometer ataques podrían convertirse también en una fuente de información para las autoridades, aunque el alcance de esta capacidad dependerá de sus resultados comprobados y de los avances que se consigan en el control remoto de estas aeronaves.