La emergencia por los incendios forestales que durante más de cinco semanas ha golpeado al Tolima abrió un nuevo capítulo de investigación. La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió esclarecer un caso ocurrido en zona rural de Dolores, donde dos campesinos fueron capturados mientras realizaban una quema que terminó afectando cerca de seis hectáreas de cobertura vegetal.
Durante el Consejo de Seguridad realizado este lunes, la mandataria aseguró que impartió instrucciones a su delegado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para exigir un informe detallado sobre la actuación de una funcionaria de esa entidad que, según lo manifestado por los capturados, habría ordenado realizar labores de tala y quema en el predio. “He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, afirmó Matiz.
La gobernadora fue más allá y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y a las demás autoridades competentes mantener una vigilancia especial sobre la investigación, con el propósito de establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades. “Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, sostuvo.
El caso que llevó a dos hombres a prisión
Los hechos que ahora generan la solicitud de investigación ocurrieron el pasado 25 de agosto en la vereda La Guacamaya, zona rural de Dolores.
La Policía llegó al lugar después de recibir una alerta de la comunidad sobre una quema. Allí fueron encontrados Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes, de acuerdo con la investigación, se encontraban realizando actividades relacionadas con tala y quema de material vegetal.
Los uniformados establecieron que el fuego, presuntamente, estaba siendo avivado sin contar con la autorización correspondiente, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Dolores para controlar las llamas y evitar que la emergencia avanzara hacia otros sectores.
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La inspección posterior permitió determinar que el incendio había afectado aproximadamente seis hectáreas de vegetación, además de generar impactos sobre la fauna silvestre del lugar.
Durante el procedimiento también fue incautada una motosierra que, según las autoridades, habría sido utilizada en las labores de tala.
La Fiscalía presentó a los dos hombres ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de incendio y deforestación. Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, el juez decidió enviarlos a un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
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Ya habían sido requeridos por una situación similar
El caso tomó mayor relevancia porque, según las autoridades, los dos hombres ya habían sido intervenidos semanas antes por una situación relacionada con quemas.
El 24 de julio habían sido requeridos por un comportamiento similar y, en esa oportunidad, recibieron una advertencia sobre la prohibición de realizar quemas que pudieran poner en riesgo los recursos naturales.
Para las autoridades, este antecedente constituye un elemento adicional dentro de la investigación que permitió establecer que no se trataría de la primera situación de este tipo en la que estarían involucrados.
La advertencia de la gobernadora
En medio de una emergencia que ha dejado miles de hectáreas afectadas y numerosos focos de incendio en diferentes municipios del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas hizo un llamado a que cualquier persona que provoque incendios responda ante la justicia.
La mandataria afirmó que se debe aplicar todo el rigor de la ley contra quienes, mediante acciones deliberadas o conductas irresponsables, contribuyan a agravar la emergencia ambiental.
Pero también rechazó lo que calificó como intentos de utilizar políticamente la tragedia y pidió evitar señalamientos generalizados contra las autoridades, campesinos, voluntarios y estudiantes que han participado en el control de las conflagraciones. “Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios”, enfatizó la gobernadora, al tiempo que defendió el trabajo adelantado durante las últimas semanas por organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidades campesinas, voluntarios y estudiantes.
Matiz aseguró que no permitirá que su nombre sea utilizado para promover confrontaciones políticas en medio de la emergencia y cuestionó las narrativas que, según dijo, buscan generar odio y estigmatización. “No voy a permitir que mi nombre sea utilizado para esa estrategia macabra y politiquera de generar odio y violencia entre los tolimenses”, manifestó.
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También pidió no estigmatizar a las comunidades campesinas ni a los estudiantes voluntarios que han ayudado a combatir las llamas.
Investigación deberá establecer qué ocurrió
Mientras continúan las operaciones para controlar los incendios que permanecen activos en el departamento, el caso de Dolores queda ahora bajo la lupa de las autoridades judiciales y disciplinarias.
La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, qué instrucciones recibieron los dos hombres, quién habría ordenado las labores de tala y quema, si existían autorizaciones para realizar dichas actividades y cuál fue la responsabilidad de las personas involucradas.
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Por ahora, la eventual participación de la funcionaria de Cortolima corresponde a una hipótesis que deberá ser esclarecida por las autoridades. La solicitud de la gobernadora busca precisamente que el caso sea investigado con rigor y que, si se comprueba alguna conducta irregular, se establezcan las responsabilidades correspondientes.
La gobernadora cerró su intervención reconociendo nuevamente el esfuerzo de militares, policías, bomberos, Defensa Civil, organismos de socorro, campesinos, estudiantes y voluntarios que durante 37 días han enfrentado los incendios forestales en diferentes puntos del Tolima.
En medio de una de las emergencias ambientales más complejas que ha vivido el departamento, el caso de Dolores plantea ahora una pregunta que deberán responder la Fiscalía, la Procuraduría y las autoridades ambientales: ¿quién ordenó la quema y bajo qué circunstancias se produjo?