Durante este jueves, 16 de noviembre, se llevó a cabo una audiencia en la que estuvieron presentes diferentes entidades y las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos ocurridos en noviembre de 1985.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de laJEP evalúa una solicitud de las víctimas en la que se pide decretar medidas de protección para tres lugares de memoria histórica; la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur.
Durante la diligencia Helena Urán, hija del exmagistrado Carlos Urán, pidió que el Gobierno de Estados Unidos, por medio de un acuerdo con el Gobierno de Colombia, desclasifique los archivos de inteligencia sobre la toma y retoma del palacio.
Tras escuchar a diferentes entidades y a las víctimas, los magistrados de la sección decidieron emitir unas órdenes, algunas de ellas vinculan al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Bogotá.
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“Vincular a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y a la Alcaldía Mayor de Bogotá al presente trámite cautelar. Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones diplomáticas tendientes a obtener del Gobierno de los EE. UU. la desclasificación de los archivos de inteligencia relacionados con los hechos del Palacio de Justicia”, señalaron los magistrados.
Por otro lado, decidieron ordenarle a la Alcaldía de Bogotá retirar una placa relacionada con los hechos de toma y retoma del Palacio de Justicia, pues no hace referencia a la responsabilidad del Estado.
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“Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente auto se retire la placa No XXIV instalada en el Palacio Liévano relacionada con los hechos del Palacio de Justicia”, señaló la JEP. Esta decisión fue apelada por la Procuraduría.
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