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En cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, se está implementando la política pública y el plan de acción permanente para proteger a los defensores de derechos humanos y a los firmantes del acuerdo.
Con esto, se busca evitar precisamente que se repitan las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra personas y comunidades afectadas por organizaciones criminales.
Cabe resaltar que, durante la presidencia de Iván Duque, no se logró avanzar en la formulación de esta política, lo que habría representado actos violentos en contra de firmantes de paz y líderes sociales.
La política de desmantelamiento de organizaciones criminales busca desarticular completamente los complejos macrocriminales, incluyendo los sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que atacan a comunidades, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y movimientos sociales y políticos.
Además, esta política derivada del acuerdo final de paz de 2016 y supervisada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pretende superar las causas estructurales de la violencia, centrándose en la seguridad humana y los derechos humanos. Además, adopta enfoques de género, étnicos, etarios y territoriales.
Por último, se enfatiza en que esta política es crucial para avanzar en la construcción de paz y proteger a quienes trabajan en su implementación.
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