El Ministerio del Interior alista un decreto para brindar protección y medidas de seguridad puntuales para funcionarios de diferentes entidades, entre otros, magistrados y fiscales de la JEP, así como a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Con dicha norma y en aras de proteger el derecho a la vida de distintos funcionarios, se incluye en el programa de protección a los magistrados de las Salas de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, los fiscales ante las Salas y Secciones y el secretario ejecutivo de la JEP.
Dichos funcionarios serán incluidos en la lista de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, categoría en la que se encuentran líderes políticos, sociales, sindicales, gremiales, testigos en casos de violación de derechos humanos, entre otros.
“La Jurisdicción Especial para la Paz JEP, a través de su presidente magistrado, Roberto Carlos Vidal Ortiz, presentó petición al Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos, con el fin de reforzar con personal de la Policía Nacional los esquemas de protección de los Magistrados de las Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas; y la Sala de Amnistía o Indulto, los fiscales ante las Salas y Secciones y el Secretario Ejecutivo de la JEP”.
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Incluso el documento menciona que el pasado 16 de junio de 2023 se realizó una mesa de trabajo liderada por la propia JEP donde su secretario ejecutivo pidió “no perder de vista el contexto de inseguridad en el que nos encontramos. Las amenazas al magistrado Alejandro Ramelli Arteaga y a su magistrado Auxiliar Hugo Escobar dan cuenta de afectaciones a la seguridad que se asocian a la movilidad de dicho Magistrado al Caso 03, lo que hace urgente reforzar los equipos que protegen a las Salas de Justicia, a los fiscales ante Sala y al secretario Ejecutivo”.
Pero no solo los funcionarios de la JEP serán incluidos en el decreto de medidas de protección, también estarán los magistrados del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque esa misma entidad le solicitó al Gobierno poder contar con dichas medidas.
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“El CNE solicitó modificar el artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, en el sentido de incluir a sus Magistrados dentro de los cargos enunciados en el numeral 10 del artículo precitado, como población objeto de protección en razón al cargo”, señala el decreto.
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