El Gobierno nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las Fuerzas Militares, avanzan en la evaluación de una estrategia de reclusión especial marítima de alta seguridad, que contempla la posibilidad de utilizar un buque cárcel para el aislamiento de cabecillas de organizaciones criminales.
La medida fue planteada en medio de las decisiones adoptadas para reforzar la seguridad y el control penitenciario en el Atlántico.
Durante un Consejo de Seguridad realizado en la región se definieron acciones para fortalecer la seguridad, la convivencia y el orden público, entre ellas la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS).
Sobre la iniciativa
Busca articular las capacidades penitenciarias del Inpec con las de la Armada de Colombia.
Dentro de este esquema se evalúa la instalación de un buque destinado a la reclusión y aislamiento de cabecillas, como parte de las medidas para impedir que personas privadas de la libertad mantengan comunicación y vínculos con estructuras criminales que continúan operando fuera de los establecimientos penitenciarios.
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La estrategia tiene como antecedente el uso de este tipo de mecanismo para la reclusión de personas consideradas de alta peligrosidad.
Un método utilizado en el pasado en casos como el de Diego Fernando Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’.
La discusión sobre esta alternativa se conoce en paralelo con nuevos traslados de personas privadas de la libertad.
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que, por orden directa suya, el Inpec ejecuta el traslado de 20 personas que permanecían recluidas en Barranquilla, diez estaban en estaciones de Policía y otras diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal.
De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, estas personas son trasladadas hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá bajo medidas de seguridad con apoyo de la Fuerza Pública.
El objetivo es evitar posibles fugas, rescates o atentados durante los desplazamientos.
Una vez los internos lleguen a Bogotá, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.
En paralelo, dentro de las acciones anunciadas en el Atlántico también se contempla reforzar el control sobre las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
Para ello, se plantea trasladar a la Policía Nacional la operación de los sistemas inhibidores de señal, con participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los operadores de telefonía móvil.