“Hemos buscado todas las formas de evitar que se materialice este abuso contra todos los colombianos, se han interpuesto tutelas, se ha establecido una acción disciplinaria contra la jueza en el Consejo de la Judicatura y hay un proceso penal en curso”, dijo.
Se trata del predio del parador de Buga que fue expropiado en el 2001 para la ampliación de la carretera que pasa por allí y que en su momento la Lonja del Valle lo tasó en 2 100 millones de pesos.
Posteriormente, una jueza de la república designó un perito que determinó que el parador en realidad valía 16 864 millones es decir 7 veces más; y en la actualidad la ANI esta avocada a pagar por cuenta de los intereses 33 000 millones de pesos.
“El último recurso que nos queda es que la Fiscalía nos diga que debemos suspender el pago mientras establece realmente si hubo una ofensa penal”, expresó Andrade.
El presidente de la ANI además denunció que existen unas grabaciones de audio en las que al parecer la jueza Norela Acosta, quien tomó la decisión del valor de la expropiación, se habría comunicado varias veces con los señores Grajales, dueños del predio, para informarles de los procedimientos, donde se utilizan incluso expresiones como “aliste la lechona para celebrar”.
Por su parte, Jaime Montoya Naranjo, abogado de los propietarios del lote, manifestó que “no conoce grabación alguna, ha sido un caso de no acabar en el cual el Estado fue vencido con todas las garantías procesales en este largo proceso de expropiación”.
Montoya afirmó que la oferta inicial voluntaria fue por debajo del avalúo catastral y lo calificó como “una infamia contra los ciudadanos que han hecho comercio en nuestro país”.
“Injustamente lo señala el señor Andrade, los dueños del predio fueron ofendidos por el Estado y fíjese usted como fueron condenados a pagar (…)”, dijo.