La Contraloría General de la República reveló un hallazgo fiscal por $5.670 millones en la Aeronáutica Civil, tras evidenciar irregularidades en un contrato de mantenimiento y operación de los sistemas de agua potable y residual en 10 aeropuertos del país, los cuales carecían de las licencias y permisos ambientales requeridos para su funcionamiento.
El organismo de control explicó que la Aerocivil suscribió en 2022 un contrato para prestar el servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales de los aeropuertos administrados por la unidad, en terminales aéreos como Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón.
Según la auditoría financiera, la falta de permisos de concesión de aguas y de vertimientos no solo viola la normatividad ambiental, sino que además representa un riesgo de afectación a la salud pública de usuarios, visitantes y comunidades cercanas a los aeropuertos. En algunos casos, como en Leticia y Villagarzón, no existen permisos vigentes para las Plantas de Tratamiento de las Aguas Potables (PTAP) ni de la correspondiente concesión de aguas.
La Contraloría también llamó la atención sobre la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), considerado prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, que incluye la intervención y mejoramiento de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas y cerramientos de 14 aeródromos priorizados que son propiedad de entes territoriales.
Aunque la Aerocivil comprometió más de $377.000 millones a través de convenios con el Ejército Nacional y ENTerritorio, el avance reportado hasta diciembre de 2024 fue apenas del 2,31 %, pese a que la fecha de terminación estaba proyectada para mayo de 2025. Solo se evidencian obras mínimas en Cumaribo (8,47 %) y La Primavera (6,28 %).
El organismo advirtió que este retraso podría afectar gravemente a comunidades apartadas que dependen del transporte aéreo para acceder a bienes y servicios básicos, además de generar sobrecostos y mayores plazos en la ejecución de las obras.
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