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El contralor general, Felipe Córdoba, habló en Mañanas BLU sobre la especulación en valor de los alimentos y productos en diferentes regiones del país en medio de la pandemia de COVID-19.
“Hay un análisis juicioso dentro de las investigaciones. Se revisaron más de 5.200 contratos y hemos encontrado 11 casos por 80.000.000 de pesos, dentro de los cuales está el de la Gobernación del Tolima en la que se presentó una propuesta por 420 millones de pesos y terminan haciéndolo por 1.000 millones para el tema de prestación de servicios de publicidad sobre crisis del coronavirus”, dijo.
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Añadió que en varios municipios y departamentos se presentan casos de inflación en los precios de insumos para la prestación de servicios para el coronavirus.
“También encontramos irregularidades en contratos por más del 27 % en la Alcaldía de Sincelejo, en la Gobernación del Casanare con la compra de camillas por encima del 29 %. Tenemos varios casos. La próxima semana esperamos salir de la mano con la Procuraduría y Fiscalía”, comentó.
“Hemos visto latas de atún por 19.000 pesos contratadas por la Gobernación de Arauca. Ya no solamente son las pechugas a 20.000 pesos”, añadió.
Asimismo, Córdoba explicó cómo se evitará que se sigan robando la plata destinada a la mitigación de la pandemia.
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“Le estamos mostrando a Colombia que la Contraloría no llega 6 meses después. Con el apoyo de la Procuraduría y la Fiscalía, les estamos mostrando que hay control, que el modelo de las tecnologías funciona y que les será muy difícil a las personas que quieran hacer su ‘agosto’ porque estamos verificando en línea la contratación”, mencionó.
Sobre si se revocarán o no los contratos que presentan irregularidades, aseguró que: “no podemos suspenderlos, nuestra función preventiva no es de coadministración. Por eso, en el actuar conjunto con Fiscalía y Procuraduría podamos hacer que los recursos no se pierdan (…). Quiero decirles que antes era muy difícil actuar con esta rapidez”.
Finalmente, confirmó que le pidieron al gobierno Duque fijar precios en los departamentos para ciertos productos.
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“Le solicitamos al Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, que haya en cada departamento precios tope para que no haya desmanes por parte de quienes quieran hacer su ‘agosto’”, concluyó.
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