Mientras la Fiscalía judicializa a un exviceministro Defensa, Luis Edmundo Suárez, por el direccionamiento de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, uno de los escándalos de contratación más recientes en el sector defensa, y la Procuraduría vigila de cerca la ejecución de los 13 billones de pesos del CONPES 4187 para la compra de armamento y equipos, el Ministerio de Defensa Nacional revela el desarrollo de una herramienta que busca anticiparse precisamente a este tipo de irregularidades: un sistema de inteligencia artificial bautizado Helios.
Según un documento del Grupo de Transparencia de la cartera, elaborado bajo la dirección del ministro Pedro Sánchez, y conocido en exclusiva por Blu Radio, Helios es un sistema de información que cruza millones de registros de contratación pública proveenientes de SECOP I, SECOP II, el Registro Único Empresarial y Social y el Clasificador UNSPSC, para detectar de forma automatizada señales de alerta temprana en los procesos de compra del sector defensa, antes de que un contrato termine firmado.
El problema que busca resolver
El documento parte de una cifra que dimensiona el reto: solo en 2025, SECOP II registró más de un millón de contratos en el país, con cerca de 568.000 proveedores repartidos en 4.021 entidades públicas.
A eso se suma que, entre enero de 2025 y junio de 2026, las denuncias recibidas por la Línea 157, el canal anticorrupción exclusivo del sector defensa, administrado por la Dijín, comprometían cerca de 530.000 millones de pesos, una cifra que el propio informe equipara al costo de 106 escuelas, dos hospitales o el Plan de Alimentación Escolar de más de 700.000 niñas y niños.
Frente a ese volumen, el documento sostiene que la verificación manual de cada contrato y cada proveedor es, en la práctica, inalcanzable para los funcionarios encargados del control.
Nueve alertas automatizadas
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Helios no reemplaza a los investigadores humanos: les entrega, mediante tableros interactivos, listados priorizados de contratos y proveedores que activan alguna de nueve alertas construidas con algoritmos. Entre ellas:
- Procesos con un único oferente, que evidencian ausencia de competencia real en licitaciones que deberían ser abiertas.
- Plazos de adjudicación extremadamente cortos, que pueden reflejar una decisión tomada de antemano a favor de un proveedor específico.
- Concentración atípica de contratos, ya sea en una misma entidad, una misma ciudad o un mismo mercado, medida con el Índice Hirschman-Herfindahl, el mismo indicador que usa el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detectar monopolios.
- Contratos que superan su plazo original dentro de una misma vigencia presupuestal, por adiciones sin justificación clara.
- Proveedores con historial de sanciones previas en SECOP I o SECOP II.
- Empresas con múltiples categorías de bienes y servicios, un patrón que puede indicar que una compañía funciona como fachada para varios tipos de contratación.
Más allá del componente técnico, el documento incluye una caracterización de las modalidades de corrupción que el Grupo de Transparencia ha identificado en el sector defensa durante el último año: el uso de Uniones Temporales como fachada para que empresas inhabilitadas contraten a través de un socio habilitado; licitaciones diseñadas "a la medida" de un proveedor previamente escogido; el fraccionamiento de un solo proyecto grande en múltiples contratos pequeños para evadir controles; la cartelización de ofertas entre empresas que simulan competir mientras pertenecen al mismo dueño; y el abuso de la figura de urgencia manifiesta para saltarse procesos de selección abierta.
El informe también documenta señales de alerta adicionales detectadas en la práctica: empresas que en poco tiempo pasaron de tener capital casi nulo a superar los mil millones de pesos, contratos que comenzaron a ejecutarse hasta 300 días antes de su fecha oficial de inicio, y compañías que cambiaron de razón social varias veces en menos de cinco años para seguir contratando con el sector.
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"Mediante un análisis, unos algoritmos que se han involucrado, permite determinar cuáles podrían ser los riesgos que tendría dicha contratación. Si esa persona tiene contrato en todo el país y que se asocia con ciertas personas, y que su objeto social es demasiado amplio, y una persona que produce telas en su objeto social resulta también vendiendo armas. Entonces todos estos elementos le van llamando la atención al analista, pero producto de todo el análisis que hay detrás de esa tecnología, con ello también se pueden investigar posterior casos", explicó a Blu Radio el ministro de Defensa.
El ministro Sánchez agregó: "Lo ideal es emplearlo en la prevención antes de la contratación. Pero si ya ocurre, hemos hablado incluso con la Fiscalía General de la Nación para que tenga usuarios y pueda mirar ello. Nuestra meta es que esto se convierta en la herramienta tecnológica nacional en la prevención y la lucha contra la corrupción, especialmente en lo que tiene que ver con contratación".
Lo que Helios no es
El propio documento es enfático en delimitar los alcances de la herramienta: su aporte es preventivo, no judicial.
"La decisión final de investigar, sancionar y detener un proceso siempre requerirá del juicio ético y otros elementos de contexto y de debida diligencia que solo los seres humanos pueden garantizar", señala el informe, que además advierte que el sistema es "tan ético y transparente como los datos con los que se alimenta y quien lo diseña", por lo que su funcionamiento requerirá monitoreo técnico constante.
Por ahora, el uso de Helios es exclusivo para funcionarios del Ministerio de Defensa y se encuentra en su primera fase de implementación.
Según sus propios autores, el éxito de la herramienta no debería medirse por el número de funcionarios sancionados a partir de sus alertas, sino por la cuantía de recursos públicos que logre proteger antes de que un contrato cuestionado llegue a firmarse.
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Lo que hace el sistema Helios es coger información del seco 1, seco 2 y bajo una programación que tenemos, identificar patrones que podrían convertirse en posibles conductas que vayan en contra de la administración pública.
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