Impunidad en delitos sexuales contra menores superaría el 90%

Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes siguen siendo un problema de dimensiones preocupantes. Según la Policía Nacional, en 2017 se registraron 17.688 delitos sexuales contra menores de 18 años y Medicina Legal practicó más de 18.000 exámenes legales para determinar posibles abusos sexuales contra personas en ese rango de edad. En total fueron 21.399, incluyendo también a los adultos. 

El problema es que la justicia contra los victimarios en la mayoría de los casos no es contundente y la atención a las víctimas tampoco.

Hace algunos días el ICBF aseguró que desde 2016 hasta mayo de 2018 se abrieron 688 procesos administrativos por casos de explotación sexual y la periodista Gineth Bedoya, víctima de abuso sexual y una de las colaboradoras de una campaña que esa entidad realizó junto con la Procuraduría para impactar el problema y reducir las cifras, dijo que en el país todos los días son violados 26 niños.

En el foro liderado por Unicef, el Consejo de Estado y la Fiscalía se discutió el papel del Estado en las comunidades indígenas y con las personas con discapacidad.

Una de las expertas en el tema señaló que “lastimosamente en Colombia no se tienen cifras claras sobre la violencia contra las personas con discapacidad, pero la experiencia internacional enseña que para ellos la violencia llega a ser hasta cuatro veces más alta que contra las personas que no tienen discapacidad y esto ocurre también con la violencia sexual”. 

Además, se habla de que entre un 60 o 70 % de casos de violencia sexual ocurren en los propios hogares de las personas y con su círculo familiar. Para los indígenas, la situación es similar por la dificultad para acceder a sus derechos y el debate sobre la autonomía de sus leyes. 

Expertos concluyeron que las cortes deben atender más a la problemática y los fiscales, darles prioridad a estas denuncias.

Sin embargo, otra de las situaciones que debe ser solucionada es la necesidad de hacerle entender a los menores y a las personas que la denuncia es relevante y bajo ninguna circunstancia debería ser ignorada.