La medida disciplinaria surge tras el desplazamiento, el pasado martes 20 de mayo, de una comitiva de influenciadores en un avión de la Policía Nacional hacia Barranquilla, donde se llevó a cabo un cabildo abierto encabezado por el presidente Gustavo Petro.
Según las denuncias, los influenciadores habrían asistido con el fin de cubrir el evento de manera “propagandística”, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos con fines ideológicos.
La Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público señaló que, de acuerdo con diversos reportes de medios de comunicación, aeronaves de la fuerza pública estarían siendo utilizadas para transportar funcionarios e invitados ideológicamente afines al gobierno a distintas regiones del país.
El ente de control informó que la investigación busca verificar la ocurrencia de conductas disciplinables y determinar si se actuó dentro del marco legal, o si, por el contrario, se incurrió en uso indebido de bienes del Estado.
Para ello, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas que permitan identificar a los presuntos responsables y establecer si hubo una causal de exclusión de responsabilidad
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