Procuraduría confirma violación de topes y omisión de pagos en la campaña Petro Presidente

La Procuraduría General de la Nación encontró que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 incumplió los topes de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la primera vuelta y omitió reportes clave en la segunda.

Según el informe, la campaña superó el límite permitido para la primera vuelta por $154.262.381, al no incluir la factura CI 8136 por $356.102.872. Con esta adición, los gastos ascendieron a $28.690 millones, cuando el tope era de $28.536 millones, indicó la entidad.

El informe responsabiliza directamente a Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, por maniobras que ocultaron información contable. pero también imparte responsabilidad sobre Lucy Aydee Mogollón Alfonso, en su calidad de tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, los auditores de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico.

Uno de los casos más graves fue el evento en el Movistar Arena, realizado el 19 de junio de 2022, cuyo costo real fue de $250.000.000. Solo se reportaron $150.000.000 al CNE, mientras que el resto fue pagado por la empresa ServiRed SAS, sin ser incluido en los informes oficiales.

Durante la segunda vuelta, aunque no se superó el tope de $13.347 millones, la Procuraduría señaló que los gastos reales fueron de $13.299 millones, incluyendo el valor no reportado del evento mencionado.

Además, se identificaron omisiones graves como el no reporte del préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático, luego eliminado del informe contable bajo el argumento de haber sido pagado y reemplazado, lo que según la Procuraduría distorsionó la realidad económica de la campaña.

Se cuestionó también la contratación de testigos electorales, función que no hace parte de una campaña activa según la Ley 996 de 2005, pero cuyos pagos sí deben ser reportados. Estos fueron realizados por el movimiento Colombia Humana, sin quedar registrados en los informes financieros.

Otro hecho relevante fue el aporte económico de la USO y Fecode. En ambos casos, los fondos no ingresaron a la cuenta de campaña, pero fueron ejecutados directamente por estas organizaciones sin informar a los responsables financieros, lo que impidió su reporte adecuado.

La Procuraduría concluyó que hubo desconocimiento del régimen de topes, omisión de pagos y falta de transparencia. Propuso una multa equivalente al 1% de los recursos entregados por el Estado para la primera vuelta, es decir en $154.262.381, y la devolución de esos dineros públicos.