Inpec niega fallas de brazaletes tras captura de delincuente con detención domiciliaria en Bogotá

En medio de la polémica por un intento de hurto frustrado en Bogotá, en el que uno de los implicados portaba un brazalete electrónico presuntamente cubierto para evadir el control, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) salió a aclarar cómo funciona este sistema y qué responsabilidades tiene cada entidad.

El caso también generó reacciones desde la administración distrital. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó el funcionamiento del modelo de detención domiciliaria, por medio de su cuenta de X, al señalar que “no son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad”. Además, insistió en que “los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle”.

Según el comunicado oficial del Inpec, el seguimiento a las personas privadas de la libertad que no están en centros de reclusión se hace a través del Centro Penitenciario Virtual (Cervi), encargado de monitorear en tiempo real su ubicación y comportamiento.

Entre sus funciones están la detección de alertas como salidas de zona, manipulación o desconexión del dispositivo, el contacto inmediato con el usuario y el reporte de cualquier incumplimiento a las autoridades judiciales. Además, el sistema se apoya en visitas de verificación en terreno, con un promedio de 1.300 inspecciones semanales en todo el país.

Actualmente, el sistema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones, con operación en los 32 departamentos.

No hay fallas estructurales en el sistema

El Inpec aseguró que los brazaletes electrónicos no presentan fallas sistémicas ni estructurales. De acuerdo con la entidad, estos dispositivos funcionan con tecnología GPS y múltiples sistemas satelitales que permiten el monitoreo continuo las 24 horas, bajo estándares internacionales.

El esquema hace parte de un sistema articulado en el que participan varias entidades: el Inpec y el Cervi en el monitoreo, la Uspec en el soporte tecnológico, así como jueces y autoridades de Policía en la toma de decisiones y acciones frente a incumplimientos.

El caso en Bogotá ya había sido reportado

Frente al caso que generó controversia, el instituto explicó que la persona involucrada había recibido la medida de detención domiciliaria en enero de 2026 y desde entonces acumulaba 34 transgresiones, incluyendo siete violaciones a la zona permitida.

Estas irregularidades fueron reportadas en al menos cinco informes enviados al juez de ejecución de penas entre febrero y abril, tal como lo establece el protocolo.

El Inpec enfatizó que, aunque detecta y reporta las irregularidades, no tiene la facultad de revocar la detención domiciliaria. Esta decisión corresponde exclusivamente al juez de ejecución de penas.

"Es importante aclarar que la única persona autorizada para revocar la medida y que esta transgresión tenga consecuencias es el juez de ejecución de penas con base a los informes del Inpec, los cuales, reiteramos se han hecho y están documentados".

Además, indicó que el sistema implementado genera 13 tipos de alarmas automáticas en tiempo real, con reporte inmediato al centro de monitoreo y posibilidad de informe directo a despachos judiciales frente a transgresiones, intentos de violación de geocercas o manipulación del dispositivo.

Finalmente, el instituto indicó que continuará fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y operativas para garantizar el control efectivo de este sistema.