José Antonio Salazar no tenía competencia para adjudicar licitación de pasaportes: canciller (e)

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que la licitación para adjudicar el contrato de elaboración de pasaportes se mantiene suspendida.Además, consideró que secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva.“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo, proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller encargado”, reveló Murillo en un video publicado por la cancillería.El funcionario indicó que el 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.“Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, aseguró.La Procuraduría General suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado al embajador en Washington.Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.