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Procuraduría General advierte rezagos en la implementación del acuerdo de paz

El órgano de control aseguró que los reincorporados no cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios.

Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
Sede de la Procuraduría en Bogotá //
Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría radicó el tercer Informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el cual señala que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, faltan resultados transformadores en reforma rural integral, participación política, garantías de seguridad y en el capítulo étnico.

Respecto a la participación política, el ente de control aseguró que se ha avanzado solo en el 32 % de los compromisos, ya que no hay reformas normativas, como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos y protesta social.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y defensores de derechos humanos.

Por otro lado, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71 % se concentran solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.

Para el órgano de control, si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6 % de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4 % han sido adjudicadas.

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Además, el ente de control asegura que los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios.

De esta manera, en lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, sin contar con un protocolo que defina las causas de suspensión y retiro de los beneficiarios y una estrategia interinstitucional para la ejecución de los proyectos productivos.

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