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La disputa por la alcaldía de Santa Marta sigue en vilo en los estados judiciales

Luego de la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta que afecta al candidato Jorge Agudelo, queda en manos de la Comisión Escrutadora determinar al ganador de las elecciones y expedir la credencial respectiva teniendo en cuenta estas decisiones contradictorias.

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Blu Radio/ Fachaca Alcaldía de Santa Marta. Foto: www.santamarta.gov.co

En un verdadero galimatías jurídico y una pelea política se ha convertido en los últimos días la elección del próximo alcalde de Santa Marta, que deberá tomar posesión el próximo primero de enero de 2024.

La estrecha diferencia de votos y los señalamientos de fraude entre los candidatos Jorge Agudelo (Fuerza ciudadana) y Carlos Pinedo (Coalición Santa Marta sí puede) han llegado a una pelea en los tribunales, que tuvo como reciente hecho la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta revocó la tutela que posibilitó la inscripción extemporánea de Agudelo a la Alcaldía de la capital del Magdalena.

En efecto, la decisión judicial dejó en una especie de limbo a la administración de la capital del Magdalena, pues en la etapa de escrutinio se terminó imponiendo por pocos votos Agudelo sobre Pinedo, pero la credencial que oficializa al alcalde no se ha entregado aún.

Esta decisión también se contradice con una decisión que ese mismo tribunaltomó en los últimos días, ordenando al Consejo Nacional Electoral, CNE, decidir en menos de 48 horas, resolver de fondo la revocatoria de la inscripción de dicha candidatura; algo que la autoridad electoral hizo negando las solicitudes contra Agudelo, al considerar que si se podía inscribir por Fuerza Ciudadana por cuenta de la revocación de la candidatura de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo.

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Ahora queda en manos de la Comisión Escrutadora determinar al ganador de las elecciones y expedir la credencial respectiva teniendo en cuenta estas decisiones contradictorias. Sin embargo, la pelea jurídica podría extenderse a tal punto que termine siendo dirimida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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