En diálogo con Mañanas Blu, el general en retiro Pedro Sánchez, quien se desempeñó como ministro de Defensa hasta el pasado 7 de agosto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, entregó explicaciones detalladas sobre la controversia que rodea la contratación del sistema antidrones para las Fuerzas Armadas. Frente a las acusaciones formuladas ante el Congreso de la República por su sucesor, el actual ministro de Defensa, general Mora, sobre una presunta prohibición para adquirir inhibidores de drones, Sánchez rechazó enfáticamente las afirmaciones y justificó las decisiones técnicas y presupuestales tomadas durante su gestión.
Centralización del sistema y desmentido a la prohibición de compras
El exministro Sánchez aclaró que las denuncias sobre un supuestos bloqueo o veto a la compra de tecnología antidrones no se ajustan a la realidad de lo sucedido. Según sostuvo el exfuncionario, la afirmación de que el gobierno anterior frenó la adquisición de dichos sistemas "es totalmente falso, falso, falso, falso". Sánchez precisó que lo establecido en la circular expedida el 31 de marzo tuvo como objetivo estructurar un modelo de contratación centralizado para el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) bajo un esquema multicapa, modular y escalable.
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Sánchez explicó que la medida buscó aplicar "un principio básico de la contratación estatal, que es centralizar los recursos para contratar un sistema de defensa integral". Asimismo, remarcó que "en ningún momento en esa circular del 31 de marzo se ordena bloquear o prohibir la compra antidrones, todo lo contrario, avanzar en una capacidad de defensa antidrones integral".
Evaluación internacional: fallas técnicas y la recomendación del comité
Respecto al proceso de selección, el exministro enfatizó que la evaluación estuvo a cargo de un comité evaluador y estructurador integrado exclusivamente por militares y policías activos, bajo la dirección de un brigadier general del Ejército. En una primera etapa se recibieron manifestaciones de interés de más de 119 empresas procedentes de 21 países, pero las pruebas de campo adelantadas en San Luis (Tolima) y Sogamoso demostraron que las ofertas del mercado "solamente alcanzaban un 40, un 50% de lo esperado" frente a lo prometido en el papel.
Debido a estas limitaciones tecnológicas y logísticas, delegaciones técnicas integradas por uniformados viajaron a siete países —Estados Unidos, España, Francia, Lituania, Polonia, India y Tailandia— para evaluar los sistemas directamente en terreno. Tras ejecutar los protocolos de prueba, el comité emitió una recomendación técnica definitiva: "no hay ninguna solución que cumpla el 100% y por ende recomendamos no adquirir ninguna de las soluciones evaluadas porque sería poner en riesgo no solamente el recurso, sino adquirir algo que no nos va a salir".
Presupuesto, empalme y la ruta de compra directa con Estados Unidos
Sobre los cuestionamientos económicos y la presunta falta de presupuesto, Sánchez aclaró la diferencia entre la estimación total del proyecto y los recursos disponibles. Explicó que la cifra de 6,2 o 6,3 billones de pesos corresponde al costo estimado proyectado a varios años para implementar un Escudo Nacional Antidrones completo, y no a dinero que estuviera presupuestado de forma inmediata. Si bien inicialmente se contempló destinar 1 billón de pesos para la primera fase, el monto se reajustó a 800.000 millones de pesos por restricciones fiscales. Sin embargo, al dictaminar el comité técnico que ninguna tecnología cumplía con los requerimientos, los recursos no se giraron.
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Sánchez subrayó que dejó esta información respaldada en cuatro documentos oficiales entregados al nuevo gobierno, entre ellos el informe de empalme y el acta de entrega. En sus palabras, "este proyecto debería continuar porque el 7 de agosto marcó un cambio de gobierno, no el fin de un proyecto que se debe ejecutar al 31 de diciembre de este año". Como hoja de ruta recomendada, dejó asentado que la mejor opción para Colombia es avanzar en un convenio o compra directa con los Estados Unidos a través del programa Foreign Military Sales (FMS).
El viaje a la India y el rol de la viceministra Angélica Verbel
Frente a los cuestionamientos por la coincidencia entre la evaluación del proyecto y un viaje a la India realizado por la entonces viceministra de Defensa, Angélica Verbel, en el que se habrían inspeccionado equipos de la firma Bharat Electronics (BEL), el exministro rechazó cualquier tipo de injerencia o irregularidad. Sánchez aclaró que la viceministra "no es ninguna integrante de un comité evaluador" y que su visita respondió a una agenda institucional de "relacionamiento internacional de defensa" sin participación en los protocolos técnicos.
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Sánchez insistió en que el comité militar actuó de manera autónoma, profesional y sometido a pruebas de polígrafo. Reiteró que la conclusión del órgano evaluador fue categórica: "No compren nada". Finalmente, el exministro puntualizó que, si se considera que existió alguna actuación inusual por parte de funcionarios durante esas visitas, el deber es ponerlo formalmente en conocimiento de las autoridades competentes.
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